El fiscal de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) que realiza la investigación administrativa por el robo de $6.000 millones del 12 de agosto desde el aeropuerto de Santiago, propuso la suspensión del cargo de tres funcionarios, lo que fue aceptado ayer por el ministro de Defensa, Jorge Burgos. Al menos mientras dure la indagatoria permanecerán marginados el director de Aeródromos y Servicios Aeronáuticos, Héctor Barrientos; el jefe del aeropuerto, Eduardo del Canto; y el jefe nacional de Seguridad Aeroportuaria, José Ili. Este último había sido asignado el 13 de agosto como jefe de seguridad del aeropuerto, ante la marginación de Rolando Alegría. El fiscal concluyó preliminarmente que la DGAC no ejerció una fiscalización efectiva del transporte de valores, asegurando que en 2012 un informe oficial detectó deficiencias en el control a las zonas de seguridad que no se subsanaron. J