Una denuncia a fiscalía, por delito de amenazas y apropiación indebida y una solicitud de investigación a la Contraloría Regional de la República, presentaron integrantes del comité de Vivienda Jorge Soria Machiavello, contra la dirigenta social de Alto Hospicio Marina Bravo y otros 11 dirigentes.

Ello, según explica la presidenta de esta agrupación, Cynthia Herrera, quien acusa a Bravo y al resto de los dirigentes, de cobrar desde hace años mensualmente cuentas de servicios básicos de cada familia, para luego no pagarlos y solicitar al gobierno regional la cancelación de estas deudas.

"En el ex vertedero viven aproximadamente 100 a 120 familias porque hay población flotante. Estoy hablando sólo del sector antiguo. Hay dos medidores de luz y varios medidores de agua que están a nombre de ellas mismas (denunciadas). En el que nosotros nos manejamos está a nombre de Marina Bravo y Lilian Rocha. En esos dos medidores suman el total y lo dividen entre todos los socios y supuestamente eso es lo que debemos pagar, pero ella cobraba el doble", explica Herrera.

En el escrito presentado en la Contraloría, los dirigentes adjuntan históricos de deudas de las empresas Aguas del Altiplano y Eliqsa, de varios años donde figuran cuentas impagas y posteriores pagos, algunos de vecinos y otros del Gobierno Regional para saldar parte de las deudas.

"Ahora el Gobierno Regional gestionó con una empresa privada que nos pagara la cuenta en mayo, por el terremoto, pero nosotros pagamos 53 mil pesos en mayo, cada uno de los socios y esa plata se la echó al bolsillo".

Los vecinos además acusan de que esta información fue entregada al gobierno, sin respuesta. "Aquí aparece el gobernador de Iquique (Gonzalo Prieto). Nosotros nos hemos quejado con todos. Hemos ido con antecedentes en mano a decirles y a pedirles que intervengan y nadie nos ha hecho caso. Una persona que está trabajando con nosotros habló con él y le presentó estas denuncias y no hizo nada. Luego de esto le dan el premio a la mejor dirigente del año (Marina Bravo)", expresó Herrera.

BRAVO

Al respecto Marina Bravo negó estas denuncias y explicó que desde hace muchos años han pedido la colocación de un empalme que solucione el problema, desde que Antonella Schiaraffia era intendenta en adelante, sin encontrar respuesta.

"En el año 2007 la señora Antonella Schiaraffia hizo un protocolo para que las familias del campamento ex vertedero tuviesen empalme comunitario. Finalmente se buscaron personas representativas en los boletos, estos salieron a distintos nombres, pero cuando estas personas se fueron con su solución habitacional los dieron de baja. Se exigió al gobierno por protocolo hacerse cargo de esas deudas residuales porque no había confianza que los vecinos que también se fueron iban a pagar", aseguró.

Además dice creer que hay una persecución política, pues fue candidata a concejal apoyada por el PPD, aunque aclaró que es independiente y no milita en dicho partido.

Marina Bravo se quedó en el sector junto a los comités, pero según explica a fin de orientar a los vecinos que quedaron en la toma ex vertedero, dada su experiencia en el tema de obtener una solución habitacional y no como dirigente.

"En el sector del ex vertedero es muy difícil poder conseguir que las familias paguen la luz, ya que es un empalme comunitario y el que no paga perjudica al resto. Hay familias que no pagan sus cuentas por enfermedad".

Aclara, papeles en mano, que existen vecinos que no pagan sus servicios por estar enfermos y tener mantención del estado y ese consumo provoca problemas de deudas en el boleto. "Lo que si hacía el gobierno en apoyo, con el 'raspado de la olla' que le llama, era pagar esas deudas anuales a fin de año, nosotros presentábamos a las familias que habían generado la deuda. Nos acusan que esas platas pasaron a nuestros bolsillos, pero no es así".

Bravo es clara en que los vecinos están al tanto de los montos de gastos mensuales de los servicios."Se hacían reuniones prorrateando los boletos y tenían acceso a todo. No es cierto que aumentemos los gastos, eso lo desmiento totalmente", dijo la dirigente hospiciana.

MEDIDORES

De todas formas, Marina Bravo hizo un aclaración, pues el tema de las deudas es complejo, ya que son varios medidores de agua y luz y cada uno tiene una historia diferente y con documentos en mano detalló la situación de cada medidor de agua.

"Dicen que tenemos una deuda de luz, pero no es cierto. En el caso del agua, algunos están al día y otros están suspendidos".

Asegura que un medidor tiene una deuda de 1 millón 726 mil pesos porque estas señoras, las mismas que denuncian, dejaron de pagar el agua hace 10 meses y el mío, de 13 millones de pesos está con deuda histórica que son las familias que nos fuimos a Parque Oriente y el estado pagó el 50% de esa deuda de esos años y el resto quedó impaga y estancada". J