El jefe del gobierno de España, Mariano Rajoy, confirmó que enviará al ministro del Interior de su administración, Jorge Fernández, a colaborar con su par de Chile, Rodrigo Peñailillo, en los planes para combatir el terrorismo en nuestro país. Éste fue uno de los acuerdos de cooperación que firmó con la Presidenta Bachelet.
Se recordará que el gobierno ha decidido invocar la ley antiterrorista en el caso de la muerte de Sergio Landskron, quien pereció luego de que le explotara una bomba colocada en el barrio Yungay, de Santiago. De acuerdo con la autoridad, esta persona no tenía nada que ver con la colocación del artefacto y -por el contrario- ha pasado a ser la primera víctima fatal de una bomba en la capital en casi tres décadas. La forma irracional en que murió nos recuerda lo grave que es la seguidilla de bombas sin culpables.
Para el Ejecutivo y para el Ministerio Público, se cumplen las condiciones para invocar esa legislación, al pretender provocar temor en la población y al morir una persona inocente.
Nada justifica la colocación de artefactos explosivos. Quienes están detrás de esos ataques no tienen límites políticos ni éticos y en cambio están dispuestos a atentar contra inocentes en espacios públicos donde hay afluencia de personas, como quedó demostrado en los ataques en las estaciones del Metro, en Los Dominicos y en el área comercial de la estación Escuela Militar.
La amenaza de atentados mediante explosivos persigue provocar pánico y temor en la población, con el fin de que ésta quede a merced de los terroristas. Los autores quieren también alcanzar notoriedad, alterar el funcionamiento de las instituciones, y poner en jaque a las autoridades y a la policía.
Se debe realizar todo lo que esté al alcance para encontrar a los responsables y para castigarlos. España ha avanzado en eso, y si puede prestar colaboración a Chile, debe ser bien recibida. Hay que hacer justicia con el fin de que la ciudadanía recupere la confianza, extraviada por la ausencia de responsables.