La reciente encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) provocó el sismo que habitualmente genera a nivel político, en particular en el gobierno y las fuerzas oficialistas, aunque en la oposición tampoco están para sacar cuentas alegres.

Como suele ocurrir con recurrencia en los últimos meses, pierden todos, no gana nadie, pero todos celebran con el desastre que observan en el vecino.

Una cosa llamativa de la CEP, y poco explorada es que un 49% de los chilenos considera que la falta de educación es la principal razón de la pobreza en Chile. En mayor detalle, un 32% considera que la desigualdad es causa de la mala calidad de la educación, mientras que en igual proporción, uno de cada tres considera que la prioridad para los próximos 10 años debe ser conseguir una mayor igualdad.

El dato no es menor y bien puede sugerir que el foco del gobierno y de innumerables líderes de la Alianza y la sociedad civil es correcto. Hay una incomodidad nacional con la calidad de la educación, con la distribución del ingreso y la forma en que repartimos la riqueza.

Y aquí el análisis da para mucho. Por lo pronto, si el análisis es correcto, es decir, si el ejecutivo promueve lo que el chileno reclama, entonces podemos cuestionar las formas y a quienes han debido liderar esta "demanda ciudadana" y consustancial compromiso de gobierno.

Dicho de otro modo, el paciente tiene fiebre, tiene un problema que debe remediarse y tenemos muchas maneras de hacerlo: antibióticos, agua, dejar la acción del propio organismo, a riesgo de que un equivocado tratamiento deje secuelas permanentes o incluso mate al paciente.

Con el país es lo mismo. Podemos sanarlo, mejorarlo, o empeorarlo, sin querer, sin desearlo, simplemente por elegir un camino erróneo que puede terminar en un empeoramiento generalizado.

Chile debe corregir ahora distintos fenómenos, porque son topes que impiden nuestro salto al desarrollo, pero la senda a recorrer debe ser consensuada entre todos, porque las verdades no son patrimonio de nadie, aunque las malas decisiones nos puedan hundir a todos.

Después de los terremotos de abril pasado, el Estado a través de la Empresa Portuaria Iquique (EPI) se ha dedicado en un 100% a la recuperación del molo y la operatividad del puerto. Las operaciones fueron reanudadas a 48 horas del primer sismo y al mismo tiempo se inició el trabajo en los estudios de daño e incluso reparación de algunos sectores del área menos afectada (acceso Pesquera Camanchaca y parte del Molo).

Actualmente existen dos procesos paralelos; el primero y el más urgente es la reconstrucción del terminal Nº1 que EPI inició tras los terremotos de abril con la evaluación de daños y que hoy ya avanza con la ingeniería de detalle. Por otro lado, el proceso que comenzó con el llamado a licitación internacional para contar un nuevo concesionario en marzo de 2014, licitación que quedó sin oferentes este 1 de diciembre.

El anuncio hecho por EPI hace varias semanas de asumir las reparaciones con dineros del Estado -ante la eventualidad de declararse desierta la licitación- y reafirmada en los últimos días, marca la diferencia frente a otros casos similares en Chile en los que han optado por iniciar nuevos procesos. En este sentido, se ha privilegiado la rapidez de la recuperación y ya estamos avanzando en este compromiso; trabajando en la ingeniería de detalle de la reconstrucción. Es relevante indicar que la ley establece que la única posibilidad de que una empresa portuaria del Estado, como es EPI, invierta directamente en el puerto, es que se lleve a cabo un proceso de licitación y no se presenten oferentes, como es la actual situación del Terminal Nº1.

Nos sumamos al deseo general de la comunidad de que el terminal esté reparado lo antes posible y además buscar la mejor alternativa para ampliar el muelle. Estamos trabajando por ello, porque es un pilar fundamental del desarrollo en la región y porque entendemos que Iquique antes que cualquier otra industria; es puerto.