La Contraloría Regional de Tarapacá confirmó la presencia de irregularidades en el marco del programa "Pame 2010" que favorecía a usuarios vulnerables de las comunas de Alto Hospicio y Colchane ejecutado entre los años 2010 y 2011 por la Consultora Tarapacá y cuyo mandante es el Fosis.
El caso está hoy en la justicia, luego de que el director ejecutivo de Fosis, Andrés Santander, y la actual directora regional de Fosis, Danisa Astudillo, presentaran una querella contra quienes resulten responsables, para investigar un presunto fraude al fisco por parte de esta consultora.
Por su parte, el diputado Hugo Gutiérrez presentó un recurso a Contraloría Regional a fin de dilucidar cuál fue la participación de funcionarios del servicio en este caso.
Al respecto, el informe emitido por Contraloría concluye que las rendiciones de cuentas presentadas por la consultora a Fosis "no cumplieron con las exigencias establecidas en el anexo 3 del contrato suscrito".
También el informe aduce explícitamente que se "observa irregularidades en la ejecución del proyecto", además de señalar equivocaciones en el proceso sumario que dejó excento de responsabilidades administrativas al supervisor del proyecto.
Por lo anterior, la Contraloría Regional ordenó al Fosis la reapertura del sumario administrativo y el inicio del correspondiente "reparo", vale decir, la restitución de los fondos, para finalmente explicitar que "Contraloría Regional remitirá copia del presente informe al Ministerio Público y Consejo de Defensa del Estado", para complementar la investigación ya iniciada por esas entidades.
En relación al informe, la directora regional de Fosis, Danisa Astudillo, precisó que no tenía una expectativa sobre el resultado que tendría el informe, pero explicó que en el proceso, Fosis entregó toda la información solicitada.
De la misma forma evitó entregar juicios sobre lo ocurrido en la anterior administración, pero si confirmó que son muchos los funcionarios que aparecen en el proceso y que la investigación determinará las responsabilidades existentes. "Acá hay distintos casos y eso lo determinará el procedimiento legal. Si alguien sigue como funcionario público. Aquí hay dos instancias que se están cruzando en paralelo, uno la Contraloría que fiscaliza, audita y controla a los servicios públicos y por otro lado la justicia. Aquí puede haber un resultado que conjugue estas dos o resultados disímiles, no lo sabemos y no podría adelantarme sobre quién finalmente va a asumir la responsabilidad".
DIPUTADO
En relación al informe de Contraloría, el diputado Hugo Gutiérrez, quien solicitó esta diligencia al órgano contralor, puso énfasis en dos de sus conclusiones.
"El informe dice que debe haber reparo, ese término jurídico implica que los funcionarios públicos involucrados en las rendiciones de cuentas ilegales y que perjudicaron el patrimonio fiscal deberán restituir esos fondos y, en segundo lugar, la Contraloría reabre el sumario y con esto esperamos que los funcionarios de la época, del gobierno de Piñera, sean destituidos de sus cargos por haber perjudicado el patrimonio público y dañado la imagen del servicio", dijo el parlamentario.
El caso investiga las denuncias de algunos usuarios que acusaron no haber recibido productos ni depósitos en dinero en el marco del proyecto. J