Es gravísimo, e independiente que los proyectos se ejecuten o no, que empresarios denuncien con pruebas electrónicas la existencia de la solicitud de coimas al interior del consejo regional y por lo mismo relevante de ser investigado.

Los hechos revelados por el senador Fulvio Rossi, quien entregará este lunes todos los detalles al Ministerio Público marcará la cancha de cara a la discusión de proyectos y la votación respecto a quienes se los adjudican.

Si bien existen otras investigaciones que revisan el actuar de los servidores públicos, es importante que estas se lleven a curso independiente de si las personas dejaron de ejercer los cargos donde se vieron involucrados en estas posibles irregularidades.

Tanto la Contraloría como el Ministerio Público deben ejercer un rol lo más exhaustivo posible y con la celeridad necesaria, pese a las dificultades que significa investigar estos casos, ya que muchas veces las pruebas desaparecen y es mucho más difícil llegar a encontrar culpables.

Hoy la ciudadanía está presta a denunciar los hechos de corrupción y ya no tienen miedo a las consecuencias. El hacerse el desentendido ante las injusticias está cada vez más lejos, incluso el aumento de las detenciones ciudadanas, dan cuenta de un actitud distinta de los ciudadanos, esto independiente a que muchas veces estas puedan significar fuerza desmedida.

Es de esperar que estos hechos sean aclarados y con esto evitar que se sigan presentando conductas alejadas de lo que le compete a un servidor público, ya que actualmente los consejeros regionales son electos popularmente, por lo que su responsabilidad con la ciudadanía cobra una trascendencia mayor.

Por otra parte, es importante que estas denuncias se hagan con todas las pruebas y que no signifique solo un interés mediático y con fines políticos.

Es deber del consejo regional actual hacerse parte de estas denuncias y llegar al fondo de los hechos, entregando todos los antecedentes a las autoridades pertinentes, pero también idear un sistema para que estos procesos se realicen en la forma más transparente posible.

Tras recibir el Premio Nacional de Historia, de manos de la Presidenta Michelle Bachelet y el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, nuestro académico Sergio González Miranda, en los tres minutos dispuestos para su intervención en el Patio de Las Camelias de La Moneda, instaló una idea que viene a respaldar el proceso que estudiantes hace un par de años, pusieron en la agenda y que hoy como Universidades Estatales apoyamos.

El historiador iquiqueño, indicó que su logro está directamente relacionado por el rol que el Estado cumplió como formador, primero en una "escuela con número" y posteriormente en una Universidad Pública.

Quienes conocemos su historia, la validamos y en un arrojo de autoreferencia, me sumo a la tesis del Premio Nacional de Historia, ya que sin un Estado docente, hubiese sido difícil para mí alcanzar estudios más avanzados.

Creo que esta tarea no solo es de quienes integramos la Universidad Pública de la Región, sino de todos quienes habitan las siete comunas de unas de las zonas más empoderadas e identitarias del país, como es Tarapacá.

El tema es fácil, las Universidades Públicas, proveen pluralidad, disenso, inclusión y la aspiración de miles de familias que ven a sus hijos como la llave de un desarrollo intelectual, social y económico.

Hoy más que compararnos por nuestras cifras de crecimiento económico, queremos igualarnos con otras naciones, en ámbitos más profundos como es la capacidad que tiene el sujeto, a través de sus potencialidades intelectuales, alcanzar una movilidad social, que le permita contribuir a una sociedad basada en la meritocracia.

Nuestro compromiso, no es la mera formación académica, sino como Universidad Estatal, cumplimos una función cultural vital para la preservación de la identidad regional, que ningún par privado local puede refutar y creemos que como comunidad tarapaqueña debemos apoyar.