Preocupación existe entre los vecinos del barrio transitorio Canadela I de Alto Hospicio por la sensación de inseguridad que dicen sentir, debido a que el contrato con los vigilantes rigió hasta el 31 de diciembre, por lo cual temen que el lugar se convierta en un campamento inseguro debido a problemas asociados al consumo y tráfico de drogas.

Lilian Chandía, dirigenta del barrio Canadela I expuso con inquietud, 'se llevaron a los guardias, estamos sin asistente social, sin coordinador (de campamento), prácticamente nos dejaron botados'. Misma versión que entregaron la semana pasada los vecinos del barrio Mirador, quienes construirán rejas por seguridad.

La pobladora pide la urgente intervención de las autoridades, dado que tienen muchos problemas de convivencia entre los propios vecinos.

Hasta agresiones se habrían propiciado en su contra por una denuncia efectuada ante el municipio de Alto Hospicio debido al supuesto aprovechamiento de algunas familias que recibían doble beneficio. Versión que ratificó el alcalde de Alto Hospicio, Ramón Galleguillos, quien afirmó puso los antecedentes ante la Fiscalía, en relación a personas que vendían en la calle la ayuda recibida en calidad de damnificados, no obstante desconocía el curso de la investigación.

Sobre esta crítica de los vecinos en relación a los vigilantes, el jefe de gabinete de la Gobernación Provincial, Juan Marroquín, señaló que el trato con los vecinos era hasta el 31 de diciembre y se tenía que apostar a un proceso de normalización, por tanto no podían continuar los guardias de seguridad, pero que se coordinaban rondas con Carabineros y se reactivarían los reglamentos de convivencia. Asimismo que la presencia de un nuevo equipo territorial, permitiría abordar estas problemáticas.

'Estamos con un equipo trabajando en eso, revisando los reglamentos de convivencia que se habían generado, que puedan ser un mayor aporte en términos de la convivencia de los vecinos estamos evaluando condiciones de riesgo no solamente en los campamentos, sino en toda la ciudad'.

La representante de 75 familias en Canadela agregó que existían compromisos inconclusos, como la instalación de infraestructura de juegos infantiles. 'Ellos vinieron acá y prometieron el cielo y la tierra, si no hay guardias, menos va haber infraestructura para los niños', aseveró la pobladora.

Misma preocupación manifestó el edil Galleguillos, ya que todos estos requerimientos o problemáticas sociales repercutían en el municipio. 'Les expliqué (vecinos de campamentos) que esas cosas no las ve el municipio, esos mismos antecedentes se los envié al intendente regional y le dije que se adolece de falta de apoyo en lo que se comprometió de forma inicial', aludiendo a la construcción de espacios comunitarios.

Punto sobre el cual Marroquín, afirmó que el compromiso seguía en pie y existía un proceso de licitación para construir estos espacios comunitarios. J

l Gonzalo Sánchez y María Ibanca, permanecen día y noche custodiando la mediagua del campamento Canadela, la cual se tomaron porque fueron marginados del proceso de reconstrucción, ya que afirman fueron mal catastrados.

Esta joven pareja boliviana cuyo jefe de hogar tiene residencia en Chile hace tres años y son padres de un niño y otro bebé en gestación que será chileno, arrendaban una casa subsidiada y al momento del catastro de la Encuesta Única Familiar, fueron incluidos en el grupo familiar de su arrendatario, por tanto no recibieron vivienda de emergencia, ni menos están considerados en el plan reconstrucción.

'Acudimos ante el intendente, el gobernador, pero nadie nos escucha', afirmaron. Los jóvenes optaron por tomarse una mediagua abandonada y hacen guardia, ya que fueron notificados de desalojo. J

l Consultado sobre esta situación el gobernador Gonzalo Prieto, expresó, que estaba en conocimiento de la situación de la pareja boliviana, que no habría sido bien catastrado su caso.

'Estamos conversando con el Ministerio de Desarrollo Social para averiguar cuál es la situación real. Nosotros hemos revisado en lo que corresponde a la asignación de beneficios post terremoto', aseveró el jefe provincial.

Agregó 'nadie puede ocupar una casa de forma irregular porque es un bien fiscal por lo tanto es materia de delito', por esta razón a través de Carabineros se les entregó una primera notificación verbal para que abandonen la casa y se les entregó un plazo para que lo hagan de forma voluntaria. En caso que no acaten se procede a desalojar con auxilio de la fuerza pública. J