La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente solicitó ayer fecha al octavo juzgado de garantía para formalizar a los principales ejecutivos del grupo Penta, sospechosos de cometer delitos de lavado de activos, tributarios y cohecho (respecto a funcionarios públicos), y de soborno en el caso de los particulares.

Todo como parte de una investigación iniciada el año pasado por supuestas irregularidades en el uso del Fondo de Utilidades Tributables (FUT), pero que ha derivado también en financiamiento de campañas políticas, lo que ha afectado a emblemáticos personeros UDI, además del economista Andrés Velasco y el ministro de Obras Públicas (DC), Alberto Undurraga.

A los socios fundadores del holding, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, el Ministerio Público les imputa delitos tributarios y soborno.

Al gerente general corporativo Manuel Antonio Tocornal; a Samuel Irarrázaval, representante legal de algunas de las empresas del grupo; y a Carlos Bombal, director de una de las firmas del holding, se les formalizará por delito tributario.

A ellos se suma el ex subsecretario de Minería del gobierno anterior, Pablo Wagner, que antes trabajó por 12 años en Penta y que habría recibido entre 2010 y 2011, ya siendo autoridad, pagos por $42 millones del holding. Su defensa ha negado que desde su cargo haya incidido en el destino de proyectos mineros relacionados con el consorcio. Pese a ello, ayer la fiscalía comunicó que lo formalizará por los delito de cohecho y lavado de activos.

LISTADO

El listado dejó fuera por ahora al ex gerente general Hugo Bravo, uno de los más mencionados a lo largo de la investigación y que ha aportado más antecedentes a la indagatoria que lidera el fiscal Carlos Gajardo. Según los testimonios era él quien tramitaba el pago a los candidatos.

Laurence Golborne, reconoció ante el fiscal que para su campaña en las primarias de la Alianza solicitó y recibió dinero del grupo Penta. J