El Servicio de Salud Iquique (SSI) fue condenado a pagar la suma de $95 millones por daño moral a la familia de Mauricio Echeverría Acevedo, quien murió producto de las complicaciones derivadas del virus del Sida que nunca fue advertido en el Hospital de Iquique.
La víctima, quien murió a los 40 años, era la piedra angular de la familia y de la amasandería en que trabajaban todos los integrantes.
Según consta en la sentencia, en marzo de 2007 Echeverría comenzó a concurrir al hospital por diversas complicaciones. Las primeras consultas eran por una fuerte tos, lo que para los médicos era un simple resfrío.
Con el pasar de los meses, los cuadros se agudizaron y el fallecido concurrió al centro asistencial por fuertes dolores de cabeza y crisis de fiebre, malestares por los que sólo recibía antibióticos. A fin de año, Echeverría comenzó a sufrir diarreas y el diagnóstico fue bronquitis.
La familia al ver que la víctima ya no podía moverse por sí mismo, decidió llevarlo a un laboratorio particular a principios del 2008, el cual informó que Mauricio Echeverría padecía Sida. Sin embargo, el médico manifestó que no podía ingresar al hospital hasta que no recibiera la confirmación de la enfermedad a través de la contramuestra, pero gracias a la intervención de otro facultativo logró ingresar al recinto médico.
Echeverría falleció el 1 de marzo de 2008 y catorce días después fue recibida la confirmación de la enfermedad del Instituto de Salud Pública, por lo que estuvo atendiéndose en el Hospital Regional durante un año y con diagnósticos patológicos errados, sin que se le hicieran exámenes pertinentes para detectar que estaba infectado con el virus del VIH.
Si la enfermedad hubiese sido detectada oportunamente, la víctima podría haber recibido tratamiento farmacológico y hubiera mejorado su pronóstico.
BENEFICIO
El abogado Mauricio Carrasco patrocinó a la familia y tras una investigación postuló que era un caso de negligencia médica e interpuso una demanda por daño moral, por más de 3 mil millones de pesos.
El juicio se inició en enero de 2012 y la sentencia de primera instancia condenó al SSI a pagar 95 millones de pesos.
En octubre de 2014, la sentencia de segunda instancia confirmó el pago de la indemnización. Finalmente, en diciembre del año pasado la Corte Suprema rechazó el recurso de casación, que estableció que la sentencia estaba ejecutoriada.
"Con este resultado una familia chilena cree que uno de los poderes del Estado sí cumple su función al hacer justicia en beneficio de un ciudadano al cual el Estado le vulneró sus garantías constitucionales", manifestó el abogado Mauricio Carrasco. J
