La problemática de la delincuencia, es una realidad presente en todos los países, en menor o mayor grado, y con expresiones distintas. De ahí que, frente a una preocupación común de parte de los Estados en esta materia, no exista consenso respecto de cuál es la mejor estrategia para enfrentar la criminalidad con sus diversas expresiones.

En nuestro país, a partir del año 2000, el Estado ha ido avanzando paulatinamente en el diseño de diversas políticas destinadas a la prevención y control de la delincuencia, además de ir definiendo y fortaleciendo la institucionalidad pública necesaria para enfrentar dicho desafío. De este modo, el énfasis ha oscilado entre aquellas medidas destinadas a abordar la criminalidad desde el enfoque de prevención y aquellas que asignan un rol relevante al control y la persecución del delito; ambas estrategias expresadas en diversas iniciativas legales y programas sociales.

De este modo, la tarea de seguridad pública, tradicionalmente con fuerte énfasis policial, ha ido incorporando el aporte de otros sectores, que con instrumentos específicos, pueden aportar a esta labor, por ejemplo en el ámbito de salud, o del diseño urbano. Sin perjuicio de esto, en nuestro país, el 60 por ciento del presupuesto destinado a seguridad pública, sin considerar el presupuesto del Poder Judicial, es destinado a las policías.

A pesar de esto, no se ha podido revertir el incremento en las tasas de delitos, fundamentalmente contra la propiedad. Ante la evidencia, es bueno tener a la vista un enfoque integral, lo cual permitirá abordar la criminalidad entendiendo que esta se produce en la medida que concurre al menos tres elementos: Una víctima y/o un bien atractivo para el robo; un entorno que facilita la comisión del delito; y una persona dispuesta a cometerlo.

La experiencia internacional, demuestra que el abordaje de cualquiera de estos aspectos, permiten un mejor pronóstico. En otras palabras, son fundamentales al momento de planificar estrategias de mitigación, así como su ponderación en orden de importancia, considerando los recursos efectivos que se disponen para tale fines.

La Cancillería presentó el documento "El libre tránsito de Bolivia. La realidad", en el que nuevamente expresa argumentos relacionados con la demanda marítima que el vecino país elevó a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. A través de este folleto, se responde a las autoridades bolivianas quienes han reclamado los supuestos incumplimientos de Chile al régimen de libre tránsito o acceso al Pacífico que tiene Bolivia, de acuerdo al Tratado de 1904.

De esta manera, el Gobierno respondió a un documento audiovisual boliviano que apareció como reacción al primer video que también lanzó la cancillería chilena, denominado "Chile y la aspiración marítima boliviana. Mito y Realidad". Ahora, nuestro país vuelve a argumentar aspectos como el libre tránsito de los productos bolivianos por los puertos de Arica y Antofagasta, con servicios de características exclusivas y operaciones que han beneficiado históricamente a nuestros vecinos.

Aun así, con los argumentos expuestos, con un puerto como el de Arica que moviliza en función de Bolivia el 80 por ciento de sus operaciones, con facilidades para el tránsito de cargas terrestres y otras franquicias aduaneras y tributarias, Bolivia enfatiza la necesidad de revisar el tratamiento que Chile le da en términos de una salida al mar.

Es por eso que la sociedad nacional debe esperar que los embajadores, ex presidentes y principalmente autoridades de Gobierno expliquen de la mejor manera posible los argumentos y evitar confusiones. Es interesante ver que si se trata de la discusión marítima, Chile ha buscado no sólo ser claro, sino que incluso, didáctico y específico.

A pesar que Bolivia no es el único país mediterráneo del planeta, y que aún en esta condición, tiene un enorme potencial de desarrollo, la discusión tiende a trasladar a nuestro país al escenario menos favorable ante la comunidad internacional, y en especial latinoamericana. Todo este proceso seguirá exigiendo mesura, inteligencia y equilibrio de parte del Estado chileno para establecer estas realidades en su contexto y en los hechos.