Carol de 26 años comenzó a delinquir a los 13. Todo partió después de un abuso sexual de un cuñado que nadie creyó. "Me dio una depresión y opté por la calle", así resume sus constantes huidas de casa, a la cual era devuelta por Carabineros. Su adolescencia la pasó ingresando y saliendo del Centro Maravilla de Vallenar por hurtos en farmacias y supermercados.

"Como era menor salía siempre; firmando, con reclusión nocturna o a veces me la dejaban pasar". Este mundo que se conjugó con deserción escolar y la ruptura con su familia, pasó a mayores cuando conoció al padre de su hija. "El era traficante y ahí me metí en la droga".

Estuvo en la pasta base y la cocaína. A las que tuvo alcance por su ex pareja, que la abandonó a los 17 años al nacer su hija, a quien dejó al cuidado de su madre para delinquir en otras ciudades. En estas andanzas, a los 19 años fue detenida por robo con violencia y condenada a 5 años y un día de cárcel.

De Vallenar fue trasladada a Iquique. "Me discriminaban por mi orientación sexual, me decían delincuente, fue tanto el odio que agarré, que me volví más fuerte y dije voy a recuperar mi hija, voy a ser alguien".

Hoy pasa sus días con su hija que está de vacaciones. Aún no puede recuperarla porque su madre no se convence de su cambio. Trabaja como comerciante ambulante y pese a que quiere dejar atrás su pasado, afirma que su prontuario no lo permite. "He ido a pedir trabajo a carnicerías y supermercados y me dicen que tengo los antecedentes sucios... Tengo que esperar 3 años para limpiarlos. Quiero pelear a mi hija, pero el tribunal va a ver que no estoy estable económicamente, que no tengo casa", afirma resignada.

Una historia difícil que apunta a un buen final, si Carol accede a un trabajo y a una red que proteja a su hija, en una ciudad ajena, pero en la cual se quedó, ya que no volverá a Vallenar.

El pasado de Carol lo viven cientos de adolescentes que cada año pasan por los Tribunales de Tarapacá por distintas causas y se enfrentan en su mayoría, al inicio de su vida delictual.

Fiscalía

Según datos de la Fiscalía Regional, el 2013, 1.619 delitos fueron cometidos por menores. El 2014 esa cifra subió a 1.807 adolescentes detenidos por faltas, seguido por robos violentos y lesiones.

Una realidad que podría pensarse, es igual a nivel nacional, pero es más preocupante en la región, ya que según el órgano persecutor, "nosotros tenemos la tasa más alta en el país de internaciones provisorias (prisión preventiva para adultos)…, lo que habla que tenemos un perfil de menores que cometen delitos graves", explica el fiscal regional Manuel Guerra.

Prueba de ello es que el 2014, 121 menores estuvieron con este tipo de internación y en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte que atiende a un universo mayor, tienen 147 menores recluidos.

La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, RPA, busca como última instancia que los jóvenes cumplan condena en un régimen cerrado, por tanto solo los delitos más violentos como homicidio o robo con violencia llegan a esto.

En cuanto a la reincidencia, de los 946 jóvenes formalizados el 2014, en 418 casos se repetía el mismo menor.

Radiografía que el fiscal regional Guerra, resume, "Tarapacá es la región más compleja delictualmente por algo tiene la tasa más alta de victimización".

Pese al diagnóstico, afirma que esto puede mejorar con una mayor especialización de fiscales, jueces y defensores en cuanto a la ley de RPA y a un fortalecimiento de los planes de intervención, que a su juicio, "no están dando los resultados esperados".

Sename

Sobre este fenómeno, tanto la Fiscalía como el Sename, coinciden que en la región tiene la particularidad de tener los índices más altos en consumo de drogas a nivel nacional, lo que a juicio de ambos organismos incide en las cifras.

Por su parte el Sename, no profundizó en las cifras regionales, dado que el estudio más reciente sobre incidencia es de 2011, por tanto a juicio de la directora regional Paula Soto, la realidad no estaba actualizada y la primera semana de marzo presentarán un diagnóstico de 2012 al 2014.

Paula Soto, enfatizó que la labor de Sename en cuanto a los menores infractores de ley está enfocada en la reinserción social; tarea a la que apuntan a través de programas educativos, ayuda familiar y con el apoyo de la sociedad. Por ello sus programas de reinserción tanto en el medio libre como cerrado apuntan a la capacitación laboral y a responsabilizarse del daño cometido.

Un dato que aporta para ratificar los esfuerzos del Gobierno para reinsertar socialmente a los menores es que el presupuesto asignado para Sename este 2015 se incrementó en $30 mil millones.

Insistió que el problema de la delincuencia juvenil es una realidad de la cual toda la red institucional, el Ministerio de Educación, el Senda, el Ministerio de Salud y los diversos programas de capacitación deben hacerse cargo.

De estos recursos $3.000 millones están enfocados a la capacitación de sus funcionarios en cuanto a la Ley de RPA, "para tener un nivel de especialización que permita mejorar la intervención". Otros 300 millones a intervención laboral y el acento en la región será la implementación del Programa Vida Nueva en Alto Hospicio que abordará casos complejos con intervención simultánea de sus programas, tanto para menores vulnerados en sus derechos, como infractores de ley, que recibirán atención sicosocial, tratamiento de drogas y alcohol, nivelación de estudios, capacitación, incluyendo una residencia de corta estadía, mientras se resuelve la situación de los menores. Otro aspecto destacado por la directora es que al 2017, todas las comunas deberán contar con una oficina de protección de derechos.

Finalmente hizo un llamado a la familia, "para que los niños se mantengan en el colegio", como prevención a las drogas. J