Los ex Presidentes de la República estarán obligados a realizar declaraciones de patrimonio e intereses de por vida, si es que prospera en el Congreso la reforma constitucional anunciada ayer por Michelle Bachelet, que apunta a mejorar la transparencia y probidad de las autoridades, puesta en entredicho por casos como Caval y Penta.
"Yo seré la primera en dar cuenta al país a partir de este nuevo estándar", aseguró.
Bachelet firmó ayer un instructivo que eleva los estándares de la declaración que realizan las autoridades. A la información habitual, ahora se sumará la totalidad de activos, pasivos e intereses; y actividades profesionales y económicas, remuneradas o no, en que participaron en los dos años anteriores a asumir el cargo.
También, incluirá la tasación fiscal y valor comercial de inmuebles y vehículos; la participación en comunidades, sociedades o empresas y el valor comercial de esos derechos. Asimismo, los créditos o deudas, con el monto y el nombre o razón social del acreedor, y los depósitos y cuentas bancarias.
El instructivo amplía la exigencia de declarar a trabajadores contratados a honorarios en ministerios, servicios o gobiernos regionales, sobre un monto de remuneraciones determinado. Lo mismo para quienes tengan cargos directivos en corporaciones o fundaciones con participación mayoritaria del Estado, y a los directivos de empresas y sociedades controladas por el fisco. Lo mismo regirá para el director sociocultural de la Presidencia.
Las declaraciones serán anuales y la Presidenta exigió que este año se entreguen antes del 30 de abril. Éstas quedarán a disposición en un sitio web.
""Hoy debemos poner al servicio público la vara ética más alta que dignifique el quehacer público y restituya los lazos de fe con nuestros legítimos mandantes que son todos nuestros compatriotas", dijo ayer en la presentación la Presidenta Bachelet.
Para poner en marcha el proyecto como ley se requiere una reforma constitucional que involucra a 4.000 funcionarios públicos que ganan sobre $3.000.000. J