l Antes de que se cumpliera el plazo de 48 horas estipulado por el Tribunal Constitucional (TC), la Fiscalía Nacional ingresó el viernes a esa instancia un escrito con las razones que llevaron al Ministerio Público a solicitar al Servicio de Impuestos Internos (SII) información contable respecto de SQM, en el marco de la investigación por presuntos fraudes tributarios relacionados con el supuesto financiamiento irregular de campañas políticas que se persigue en el caso Penta.

Según consignó Emol, los argumentos fueron presentados el viernes por la tarde, un día después de la notificación del TC que ordenó, sobre la base del requerimiento del ex gerente general de la empresa minera, Patricio Contesse, que el ente persecutor penal explicara el porqué de la diligencia en un plazo máximo de 48 horas.

Ahora, sólo queda esperar hasta la audiencia del miércoles donde los ministros del tribunal escucharán los alegatos de las partes involucradas antes de resolver si admiten o no la acción por inaplicabilidad presentada por el ex directivo de Soquimich, que busca frenar la entrega de datos contables de la firma.

Mientras eso sucede, la Fiscalía no podrá realizar ninguna actuación relacionada con medidas intrusivas respecto de la arista SQM luego que el TC suspendiera el martes el proceso y acogiera a trámite el requerimiento presentado por el abogado Samuel Donoso en representación de Contesse.

El Ministerio Público, en tanto, se encuentra estudiando todos los datos contables de Soquimich que el viernes le entregó el SII y que fueron solicitados para a aclarar la supuesta entrega de boletas ideológicamente falsas emitidas a nombre de la minera.

Ello, porque hay una nueva línea de investigación que busca establecer si dichos dineros habrían servido para entregar recursos a campañas electorales, entre ellas la del exalcalde y candidato a senador por Santiago, Pablo Zalaquett (UDI).

Mañana, además, el TC revisará si acoge o no la petición de la Fiscalía respecto de inhabilitar al ministro Cristián Letelier para seguir conociendo el recurso de inaplicabilidad presentado por el exgerente Patricio Contesse. J

Cuestionado por su vínculo con el ex párroco Fernando Karadima, Juan Barros asumió ayer como obispo de Osorno en medio de protestas y expresiones de rechazo por parte de cientos de feligreses que llegaron a la Catedral San Mateo, donde se realizó la ceremonia de toma de posesión.

Carabineros cifró en 650 los manifestantes apostados fuera de la catedral. A ellos se sumaron otras 600 personas que permanecieron al interior del recinto, donde durante toda la ceremonia de asunción hubo gritos de '¡Fuera!' exigiendo la renuncia del religioso.

La designación de Barros, anunciada por el Papa Francisco en enero pasado, causó rechazo en la comunidad osornina y en algunos sectores de la Iglesia debido a que el religioso ha sido apuntado como supuesto encubridor de Karadima, condenado canónicamente por abusos sexuales.

En los días que antecedieron a la toma de posesión hubo varias voces al interior de la Iglesia que pidieron la renuncia de Barros como líder de la Diócesis de Osorno.

Sin embargo, monseñor Barros se defendió de las críticas asegurando que jamás supo de los hechos ocurridos en la parroquia El Bosque de Santiago.

Las protestas de ayer contra Barros comenzaron dos horas antes del inicio de la misa, que estaba programada para las 11.00, pero que se retrasó media hora debido a los disturbios.

El momento de mayor tensión ocurrió a las 11.00, cuando los manifestantes ingresaron a la catedral, originando los primeros desórdenes.

Allí se produjo una disputa entre las personas que rechazaban la nominación de Barros, quienes la apoyaban y parte de las autoridades eclesiásticas. Hubo insultos, y Barros recibió empujones y le despojaron su mitra.

En el templo, los adherentes a Barros expresaron su apoyo a través de globos y pañuelos blancos, mientras que sus detractores lo hicieron con globos y banderas negras, además de gritos y carteles con consignas que pedían su dimisión.

Carabineros reportó tres detenidos por desórdenes. Uno de ellos, según consignó SoyChile.cl, fue expulsado del templo acusado de agredir a un funcionario policial.

A la actividad no asistió ninguna de las tres primeras jerarquías de la Conferencia Episcopal, que congrega a los obispos de Chile. El cardenal Ricardo Ezzati descartó su presencia aduciendo problemas de agenda, mientras que el único político presente fue el concejal UDI Víctor Bravo. J