Este jueves a las 11 horas, los pasillos entre los módulos de la Cárcel de Alta Seguridad, CAS de Alto Hospicio (donde se restringe el recorrido) lucen limpios y ordenados.

A lo lejos se advierten gritos de reos, que se comunican entre pabellones y se escucha música romántica. Transitan algunos internos que asisten a la escuela o a los talleres laborales custodiados por personal de Gendarmería, miembros de la pastoral penitenciaria católica y de la iglesia evangélica y especialmente funcionarios de Siges Chile, concesionaria a cargo de la administración de la cárcel hasta el 2025.

El 6 de enero de 2006 se inauguró esta CAS. La idea era albergar a 1.689 reos en mejores condiciones y con programas de reinserción a cargo de la concesionaria, pero luego de 10 años el actual panorama muestra que la población penal aumentó a 2.100 (esta varía diariamente debido a los imputados y el jueves 19 de marzo habían 2.097 personas).

Según un informe sobre Cárceles Concesionadas de Paz Ciudadana de 2013, el Estado paga al privado una mantención mensual por interno de $567.328, por la entrega de alimentación, mantención de infraestructura, salud, reinserción social, lavandería, entre otros, mientras que en las cárceles tradicionales (administradas directamente por Gendarmería) esto corresponde a $443.103.

Un aspecto central en el sistema de cárceles concesionadas es la reinserción social, mientras los internos cumplen condena y cuando egresan de la cárcel, dado que la intención es que puedan insertarse en el mercado laboral a través de un oficio, lo cual cuestiona el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, Juan Carlos Orellana, para quien este sistema no cumple este objetivo, en contraposición al existente en las cárceles tradicionales, porque a su juicio, un privado no va cumplir un rol que le compete al Estado, ya que el sistema concesionado 'es un negocio'.

Según dijo el encargado del área de reinserción social, Hernán Flores de consultora Axioma, que presta servicios a la Inspección Fiscal del Ministerio de Obras Públicas, órgano técnico que verifica el cumplimiento del contrato al interior de la cárcel, el plan de reinserción considera ocho programas donde están la capacitación, educación y empleo, entre otros.

En el caso del subprograma de educación, el 2014, se matricularon 427 alumnos en los distintos niveles educativos, pero egresaron 296, no existiendo un mecanismo para evitar la deserción escolar, ya que los cursos son de participación voluntaria.

Entre los internos que trabajan en el penal, existen 266 artesanos y 242 poseen contrato con la concesionaria, lo que da un total de 508 trabajadores, que desempeñan labores de cocina, aseo, lavandería, panadería, entre otros.

Sobre la importancia de la reinserción para el actual gobierno, la seremi de Justicia Lorena de Ferrari destacó el proyecto para crear un Servicio Nacional de Reinserción Social.

Asimismo deslizó una fuerte crítica a la administración penitenciaria de la anterior administración. 'La reinserción no era tema para ellos, pero sí densificar las cárceles...Estamos trabajando en la reinserción y desde esta mirada es que nosotros tomamos los diversos programas que se realizan en las cárceles versus el lucro'. Sobre el sistema concesionado, concluyó, 'los resultados no han sido los esperados y existe una clara intención del Ministerio, que las próximas cárceles no sean concesionadas'.

Una mirada similar entregó el presidente de la Anfup, Juan Carlos Orellana. 'No hay reinserción, no hay talleres. No fue capaz (concesionaria) de hacer funcionar los talleres de carpintería, sastrería zapatería y mueblería, lo único que funciona esporádicamente es un taller de desabolladuría. La panadería funciona porque tiene clientes cautivos, en eso ellos no pierden y eso lo tapan con partidos, con encuentros folclóricos, eso no es reinserción', afirmó el dirigente gremial, quien agregó, 'he visto más gente reinsertada cuando estaba a cargo del Estado la reinserción social, al concesionario no le conviene que se vaya gente a reinsertarse a afuera porque pierden lucas'.

Sobre el rol de la unidad de fiscalización, dependiente del MOP, la seremi Lorena De Ferrari, dio una mirada crítica, al dar a conocer la medida del Ministerio de Justicia, que a partir del 2014 creó una Unidad de Concesión dentro de la cartera, 'para ver cómo mejorar el contrato, en Gendarmería (otra unidad de concesión) y para supervisar que los verificadores que lleva el MOP, realmente se lleven a efecto', aseveró la seremi, es decir una fiscalización, al fiscalizador del contrato con el Estado.

Con el fin de paliar en hacinamiento se puso en funcionamiento un sistema de densificación de las cárceles, comenzó a operar el año pasado y que permitió ampliar la capacidad de los recintos concesionados para descomprimir el resto de los penales del país, a través de mejoras en la misma infraestructura.

En el caso de Alto Hospicio, según explica el alcaide de la CAS, comandante Luis González, primero se densificó a un 120% y luego al 140%, contando actualmente con un cupo para 2.351 internos. Para lograr esto instalaron más camas y realizan obras de mejoramiento en la central de alimentación. Un proceso que se vio apurado en Tarapacá por el terremoto del 1 de abril de 2014, ya que por seguridad, se trasladó a 120 reos de Pozo Almonte y a cerca de 270 mujeres del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Iquique (esta semana se bajó a 20 internas de buena conducta).

Este diario desde el miércoles intentó hablar con la concesionaria y pese a que inicialmente aceptaron, ayer informaron que no podían referirse a aspectos del contrato. J