l Con documentos de la Contraloría Regional de Tarapacá, el diputado UDI por la región, Renzo Trisotti retomó el conflicto laboral iniciado tras la llegada de Jorge Soria a la alcaldía de Iquique.

Según el parlamentario gremialista, la municipalidad aún no responde por el despido de al menos cincuenta trabajadores.

"La municipalidad debe cumplir con la ley y con los funcionarios que exoneró y debe dejar de ejercer acciones dilatorias que lo único que pretenden es retrasar el pago", dijo el diputado.

Trisotti detalló que la municipalidad desconoció los "decretos de nombramiento", una especie de contrato laboral, como lo explicó el legislador.

"La Contraloría manifestó que estos decretos fueron emitidos dentro de las facultades de la alcalde de la época y por lo tanto la municipalidad tenía la obligación de recontratar a esas personas para que siguieran cumpliendo sus funciones hasta los plazos establecidos, pero eso no ocurrió y se vencieron los plazos. Luego llegó otro dictamen donde, debido a que a estas personas ya no se les podía recontratar, se ordenó pagarles el sueldo correspondiente a todo el tiempo en que debieron trabajar y no pudieron, pero eso tampoco se cumplió", agregó.

Sin embargo, a pesar de que Contraloría instruyó un sumario administrativo a fin de investigar y establecer las eventuales responsabilidades tras la dilación por el no pago, Trisotti, dijo que esto sólo apunta al área netamente administrativa.

"Acá los propios funcionarios están ejerciendo acciones judiciales con la intención de exigir el pago de sus indemnizaciones", aclaró.

"Cuando de un día para otro te echan de la 'pega', eso te conlleva una enorme cantidad de problemas económicos para poder subsistir", acusó el diputado, quien reconoció que los concejales podrían acusar al alcalde por abandono de deberes, en caso de persistir el conflicto. J

Rodrigo Córdova es uno de los voceros de los cerca de cincuenta trabajadores despedidos por la Municipalidad de Iquique entre enero y febrero de 2013, sólo meses después de la última elección municipal de octubre de 2012.

Tal como él mismo lo contó, en un inicio los desvinculados fueron 63, tanto personal a contrata como a honorarios, de los cuales algunos se reintegraron a trabajar.

El conflicto se inició el 30 de noviembre, cuando se renuevan las contratas del año siguiente. Ya que Jorge Soria asumió el 6 de diciembre este trámite le correspondía a la administración de Myrta Dubost, quien renovó el plazo por seis meses.

"Se nos extendió hasta el 30 de junio de 2013. Pero luego Soria firma un decreto el 31 de diciembre para anular la renovación, asegurando que ahora la extensión se haría mes a mes", contó Córdova, quien se desempeñó como jefe de licitaciones de la Secretaría Comunal de Planificación.

Al ser despedido el 28 de febrero de 2013, el ex funcionario junto a los demás afectados, presentó sus reclamos ante la Contraloría Regional, organismo que certificó los despidos unilaterales.

No obstante, tras distintos procesos judiciales, el municipio demandó a los ex empleados por "prescripción de cobro", según relató el ex trabajador desvinculado.

"El alcalde debe cumplir y pagar todo lo adeudado mientras los empleados estuvieron despedidos ilegal y arbitrariamente", criticó. Cifras adeudadas que están entre los 80 y los 140 millones de pesos en promedio para el total de afectados.

EMBARAZO

A pesar de representar a los involucrados, Rodrigo Córdova también se ve aquejado a nivel familiar. Su esposa, Claudia Vilches, quien trabajaba como secretaria de la Secretaría Municipal, fue despedida cuatro veces teniendo fuero maternal.

En noviembre de 2012 la pareja recibió la noticia y en mayo del año siguiente tuvieron a su hijo. Sin embargo, Vilches fue desvinculada en enero y junio de 2013, y en mayo y agosto de 2014, fecha de su último despido.

"Cuando la despedían tenía que ir a Contraloría, llevando los antecedentes de que estaba embarazada. A una mujer con fuero maternal no la pueden despedir, al menos que el municipio se lo pida a un tribunal y este lo decida. Pero el municipio nunca lo hizo", aclaró Córdova.

El ex empleado municipal contó además que los tribunales laborales le exigieron a la Municipalidad, pagarle a Claudia Vilches, ocho millones de pesos como indemnización, pero aún no está todo dicho.

Consultados, desde el municipio evitaron pronunciarse sobre la denuncia hecha por el ex funcionario. J