Controversia sigue generando la exigencia de los vecinos de Las Quintas por demoler los 18 blocks que conforman este sector, los que fueron declarados por la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Iquique como inhabitables, quien posteriormente decretó su demolición.

Sergio Hernández, presidente de Las Quintas II y III, dio a conocer esta exigencia a los consejeros regionales, aludiendo que la DOM "en julio del 2014 se nos dijo que los blocks presentan daños mayores en sus estructuras, y se ordenaba la reconstrucción de 299 viviendas de los 360 que forman Las Quintas. Luego en octubre realizamos una votación con los propietarios para optar por reparación o reconstruir ganando por un 95% reconstruir", dijo.

El vecino comentó que enviaron una carta a la Presidenta Bachelet solicitando se cumpla la demolición, en la que explican que "nuestros edificios están muy dañados, algunos de ellos al borde del derrumbe en cualquier momento… estamos seguros que estos edificios no van a resistir un nuevo terremoto, nuestros vecinos y vecinas están asustados y con mucho miedo… por eso que volvemos a pedirle a la Presidenta que de la orden de reconstrucción de nuestra población", dijo agregando que llevan más de un año esperando solución.

Maritza Quihuanta, presidenta de Las Quintas I Palmera, se manifestó preocupada por los subsidios de arriendo, ya que estos culminan este mes, por lo que esperan se extiendan "hasta que se de una verdadera solución y que se paguen oportunamente", dijo.

demolición

Al respecto Héctor Varela, director de la DOM de Iquique, comentó que "tenemos cuatro blocks con daños severos y los otros con daños importantes, por lo que aplicamos el mismo concepto de Las Dunas, ya que los 18 blocks fueron edificados en la misma fecha y con la misma norma, por lo que se decretó la demolición. La Corte de Apelaciones ya dictaminó a favor de nosotros por lo que estamos esperando que se cumple con el decreto", dijo.

Al ser consultado el seremi de Vivienda y Urbanismo, Ricardo Carvajal, comentó que "ni este ministerio, ni sus autoridades regionales, tanto de la Seremi y el Serviu, se han opuesto a entregar una solución que permita mejorar la habitabilidad perdida en las Quintas I, II, III y La Palmeras", dijo.

La autoridad agregó que la calificación de daños está respaldada por un estudio estructural de alto nivel, encargado por el Minvu, el que determinó que "si bien existen daños de diversa consideración en los blocks, estos no representan peligro de ruina por lo que son reparables. Es importante también informar a la opinión pública que este estudio se realizó, dado que copropietarios de estos mismos conjuntos manifestaron formalmente su oposición a la demolición ordenada por la Dirección de Obras", dijo.

Carvajal explicó que los resultados fueron informados en noviembre del año pasado a los vecinos, por lo que se comprometieron a trabajar en el Programa de Regeneración de Condominios Sociales del Minvu.

"Nos interesa entregar la mejor herramienta que permita no sólo abordar estructuralmente los daños ocasionados por los terremotos de 2014, sino también otorgar a estas construcciones los actuales estándares de nuestras viviendas sociales. Este programa reforzará la estructura, aplicando no parches como algunos afirman, sino las técnicas ingenieriles actuales que garanticen la seguridad de la construcción. Y también se ampliará en un dormitorio más los departamentos y mejorarán las áreas comunes", dijo.

El seremi precisó que entienden la preocupación de las familias de Las Quintas, por ello, "ya estamos trabajando con ellas en la aplicación del programa". J

l Indignados están los dueños de la vivienda donde actualmente funciona la Secretaría Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones, debido a que el gobierno les adeuda cerca de $4 millones en arriendo.

Se trata de cuatro meses de mora, hecho que los siete herederos del inmueble (todos adultos mayores) califican como "una sinvergüenza" de parte de las autoridades.

Carmen Espinoza, una de las dueñas de la vivienda, comentó que "desde enero que no recibimos el pago del arriendo, el cual es de $800.000, más el interés acordado por atraso", comentó la mujer de 80 años, quien agregó que todos sus hermanos (también herederos de la vivienda) son jubilados, por lo que dependen de ese ingreso para subsistir.

Otra de las dueñas, Marina Espinoza, explicó que debido a que los pagos del año pasado fueron irregulares y que la vivienda no fue cuidada "como se debía decidimos venderla, por lo que en diciembre del 2014 les entregamos una carta indicando que necesitaban que la desocuparan. Ellos manifestaron el interés en seguir en la vivienda y nosotros informamos que le subiríamos el valor del arriendo. Cómo no se fueron de la casa asumimos que seguirían, pero ya llevan cuatro meses sin cancelar. Queremos que nos paguen a lo menos los $800.000 mensual del contrato del año pasado", dijo.

El 9 de abril, Carmen Espinoza explicó la situación al intendente, a lo que la máxima autoridad se comprometió a entregar una solución.

Ante esta denuncia el intendente Mitchel Cartes manifestó que apenas supo de la falta "me comuniqué con el ministerio de Transportes para solicitar información. Luego me reuní con él y me señaló que se está regularizando el tema y que se dará una pronta solución".

Al respecto el seremi de Transportes, Manuel Morales, comentó que "ellos nos pidieron la casa y nosotros pedimos a Santiago solicitaran a los dueños un plazo para buscar otra vivienda, el que consistía en un mes por año que habíamos tenido de contrato. El tema lo está viendo el nivel central".

Morales agregó que el atraso del pago se debe a que al solicitar aumento de arriendo, "el nivel central debía contar más recursos, ya que el aumento fue de $800 mil a $1.200.000. Teníamos otra casa para cambiarnos, por lo que abandonaríamos a fines de marzo, pero la vivienda que teníamos en vista ya había sido arrendada a esa fecha. En Santiago están viendo la posibilidad de extender el contrato de arriendo por todo el año", dijo. J