Fui a urgencia del Hospital Regional por un golpe en la cabeza. Me pasaron a un box en donde las sábanas estaban sucias, por lo que me negué a sentarme. El médico me dijo que me sentara y le indiqué que la camilla tenía esas sábanas sucias. Me replicó que es un hospital de salud pública y que así no más era. Como vio mi negativa se enojó y llamó a una enfermera para cambiar las sábanas y después me dijo que si esas estaban a mi altura, a lo que respondí que sí.

Luego de eso me revisó y me mandó a hacer un TAC por lo que tuve que esperar varias horas lo cual no me quejo, por la cantidad de personas que llega al hospital.

Cuando el médico leyó el resultado pasó por mi lado y me dijo sin parar de caminar que no había hemorragia y el resto de las indicaciones me las gritó de un lado de la sala a otra delante de todos los pacientes. Lo que más me indignó es que en urgencia tienen un cartel gigante con la forma en que debe ser la atención. Es un reglamento de buena educación al paciente, en donde por lo visto de parte de ese doctor no se respetaba en nada.

Francisca Funes.

Para nadie es un misterio que la delincuencia crece a pasos agigantados y que en su accionar cualquier tipo de violencia vale, ahora se supone que como país en vías de desarrollo la nación cuenta con las armas para evitar su crecimiento y en la medida de lo posible lograr su control.

El país cuenta con dos policías profesionales, Carabineros como policía preventiva, es decir, la que trata de evitar la ocurrencia de ilícitos y la Policía de Investigaciones (PDI) la que debiera investigarlos, pero hoy ello no es tan así, existe una trasposición de funciones y un órgano autónomo denominado Ministerio Público que tiene la facultad de decidir si se investiga o archiva, esto último conforme a lo que prescribe el Código de Procesamiento Penal.

Ahora, la realidad está tan distorsionada, que prácticamente tenemos dos instituciones policiales amarradas de manos y muchas veces impedidas de cumplir su labor y coartadas de actuar por fiscales que sienten el conocimiento como propio y que ello les permite ejecutar acciones que son propias de otras profesiones.

La delincuencia crece, ello no le preocupa al ejecutivo, al legislativo y menos al judicial, por lo tanto debemos acostumbrarnos a ello y perseverar en el autocuidado y en la solidaridad, esto último manifestado abiertamente en la justicia o detenciones ciudadanas, es decir, aplicación de una sanción moral o social y que tiende a desincentivar al delincuente para que no ocurra en hechos análogos u otros, tarea difícil, pero que generalmente es lo único que afecta directamente al transgresor de ley ya que en lo otro prima un ultra garantismo .

Alberto Contreras Silva