En la actualidad, existe una gran presión sobre el manejo de los recursos hídricos a nivel mundial, y el sector industrial representa un papel principal importante en esta presión. La creciente expansión económica de todos los sectores industriales en el mundo, y en particular el agrícola, demuestra la necesidad de implementar estrategias para un mejor uso del agua. Es por esto, que en zonas como el norte del Chile, donde nuestro recurso hídrico no es abundante, debemos incorporar nuevas tecnologías y metodologías para utilizar el agua residual tratada, como una alternativa al recurso hídrico natural disponible, principalmente para el riego en la agricultura, acuicultura, recarga de aguas subterráneas, y en el riego de áreas verdes.

Para realizar un uso del agua residual tratada se requiere definir el tipo de cultivo que se planea regar y el grado de exposición de quienes lo hacen, por lo que creo, que ambos factores son importantes para el control de su calidad, el que es clave para los planes de reutilización de aguas residuales tratadas. Para esto las tecnologías disponibles en el mercado se pueden clasificar en: a) convencionales, y b) no convencionales. La diferencia científica entre ambas, radica principalmente en la cantidad de materiales, energía y químicos requeridos para la tecnología adoptada; siendo menor la no convencional.

Al respecto, el Centro de Investigación y Desarrollo en Recursos Hídricos (CIDERH) de la Universidad Arturo Prat, trabaja en varios proyectos de tratamiento con tecnologías no convencionales, como la destilación solar y los humedales construidos, con el fin de tratar aguas residuales y obtener agua para riego. Los resultados obtenidos durante el año 2014 demuestran que las aguas residuales tratadas a nivel regional pueden ser reutilizadas, esperando así, que diferentes actores regionales que producen residuos líquidos, se motiven a reutilizar sus aguas residuales, previo tratamiento, para su uso como riego en actividades productivas agrícolas, contribuyendo a un desarrollo sustentable de la Región de Tarapacá.

El periodo legal para la campaña electoral y donde se puede divulgar en los medios de comunicación un llamado de intención de voto es recién en los 28 días previos a la elección. Sin embargo los candidatos se las han rebuscado para poder ejercer esta acción mucho antes.

La medida busca dar igualdad a los candidatos en un periodo donde se les asegura la aparición dentro de una franja en la televisión, sin embargo, la norma en la actualidad ha generado cada vez mayores desigualdades, sobre todo con aquellos que tienen la posibilidad de ejercer el poder previo a la campaña, lo que se suma a la acción de los grandes conglomerados.

Otra debilidad, en este sentido, es la escasa regulación que existe al intervencionismo de los candidatos que postulan a la reelección, quienes muchas veces utilizan el aparataje institucional pese a existir un órgano controlador, el que claramente se ve sobrepasado.

Faltan 18 meses para la elección municipal de 2016, pero es evidente que algunos ya están en campaña y son pocos los que se hacen cargo de esta. El concejal Guillermo Cejas ya anunció su postulación. Otros le hacen un guiño desde dentro, mientras que algunos -pese a aparecer en varios actos públicos- descartan abiertamente la opción de postular.

Hoy también están quienes, pese a anunciar candidaturas a alcalde, concejal o derechamente al parlamento, todavía no definen el cargo, la comuna o la circunscripción donde finalmente inscribirán su nombre.

Ante este escenario existe la necesidad de sincerar los procesos, establecer los tiempos y transparentar los gastos.

Los anuncios de la Presidenta Michelle Bachelet tras los escándalos de Penta, SQM y Caval, dan una señal, sin embargo, son necesarias acciones más descentralizadas que permitan que esta transparencia llegue a todas las regiones del territorio nacional.

La última reforma de voto voluntario abrió las posibilidades para opciones menos masivas, pero hoy los cambios deben ser mayores y con la celeridad de un proceso que ya comenzó.

Los desafíos del país en materia electoral son grandes y deben, también, fomentar la participación.