Comienza un día sábado en la madrugada y las esquinas del centro de Iquique se visten de tacos y ropa provocadora. Sotomayor, Amunátegui, Aníbal Pinto y Tarapacá, conforman el cuadrante más concurrido por prostitutas hetero y transexuales, extranjeras y chilenas. Esto, aunque su presencia ahí está prohibida.

El 11 de junio de 2013, el Concejo Municipal aprobó la ordenanza 471 que regula y restringe el comercio sexual. La normativa establece que las policías serán las encargadas de fiscalizar su cumplimiento.

Sin embargo, la normativa no se cumple, ya que de todos modos las trabajadoras sexuales ofrecen sus servicios, y aunque se les cursa la infracción, vuelven a la calle.

CONTROL

La ordenanza municipal "prohíbe ejercer el comercio sexual callejero, solicitar, negociar, aceptar, facilitar, fomentar, inducir, directa o indirectamente, servicios sexuales".

Desde que se aprobó el documento y hasta el mes de abril de este año, Carabineros ha cursado 595 infracciones, 65 sólo en lo que va de 2015. Con el parte comienza el conflicto.

"Cursamos la infracción, damos cuenta al tribunal competente y la persona queda citada, entonces perfectamente puede volver al lugar donde estaba", reconoce Menares.

Respecto al margen que restringe el comercio sexual, al sector de Circunvalación, entre Sotomayor y la Rotonda El Pampino, la policía asume que el centro es más atractivo, y que hay un claro problema social.

"Hay nichos que ellas explotan y lugares donde prefieren estar para captar clientes. La gran mayoría son extranjeras, ahora, si no tienen ese trabajo, ¿qué hacen?. Si están trabajando es porque tienen la necesidad de hacerlo, alimentarse, familia, gastos", detalla el uniformado.

vecinos

"La prostitución no es un delito, pero lo que la rodea puede prestarse para faltas y situaciones delictuales", dice la coordinadora de seguridad pública de la Gobernación, Francisca Poblete.

"Las personas no cumplen con su deber civil, cuando las policías y jueces están haciendo su trabajo. Las multas no se pagan y quedan en la impunidad", asevera.

"El trabajo más fuerte este 2015 será empoderar a los vecinos en prevención. Ellos tienen una responsabilidad fiscalizadora muy importante de control social", añade.

Así lo reconoce Claudia Saavedra, presidenta de la Junta de Vecinos Simón Bolívar, que comprende Sotomayor, Amunátegui, Tarapacá y avenida Prat.

"Sea buena o sea mala, hay una ordenanza, y ellas no pueden estar ahí, simple y sencillo", dice.

"El comercio sexual no nos molesta. Acá hay faltas a la moral. Yo creo que a nadie le gustaría pasar a las ocho, nueve de la noche con sus hijos, para presenciar sexo oral en la calle. Cómo explicarle a un niño que hay un hombre vestido de mujer en 'pelotas' en la esquina, o que eso no es un globo y es un condón, o que hay toallas higiénicas en la calle. Además, hay mucho adulto mayor en el sector, y ellos están acostumbrados a un barrio tranquilo, seguro", reclama.

"Ellas tienen un lugar en Circunvalación. Si no tienen baño o medidas de seguridad no es problema nuestro", alega Saavedra.

Sobre las peleas, la dirigenta vecinal asegura que "andan todas armadas". "Pelean por los clientes, por quien se saca más ropa o quien vende más droga", revela.

Afirma que está en conversaciones con otras Juntas Vecinales de Thompson, Hugo Marín, Plaza Arica y Pedro Prado con Quinta Sur.

En el sector céntrico, Carabineros ha dispuesto de operativos especiales que comienzan a las 22 horas y se extienden hasta las 6 de la mañana.

"Se han recibido quejas de los vecinos del sector respecto al comercio sexual, a las leyes de alcohol y drogas, a los vehículos que pasan a alta velocidad. A partir de esto, la Primera Comisaría implementó un servicio específico para atacar el fenómeno", dice el subprefecto Menares.

Los procedimientos también contemplan fiscalizar la situación migratoria, el microtráfico, la conducción en estado de ebriedad, lesiones, fiscalización a recintos comerciales y locales de alcoholes patentados y clandestinos, consumo en la vía pública, inspección a la ley de tránsito, controles vehiculares y de identidad.

criterio

Pero las críticas no sólo vienen de los vecinos. Al otro lado de la vereda, las prostitutas, especialmente las que ejercen el comercio sexual trans, acusan discriminación policial a la hora de los controles.

Pablo Imaña, presidente de la Falange por la Diversidad Sexual, Fadise, denuncia que Carabineros abusa de su poder.

"Al momento de ver a alguien con una cédula donde no coincide el rasgo físico con el nombre o el sexo, Carabineros no aplica un buen trato. Ahí se inician insultos, forcejeos, maltrato psicológico y palabras de grueso calibre, desconociendo que hay un tema de identidad de género", expresa Imaña.

"Nosotros las hemos capacitado. Ellas conocen sus derechos", dice el vocero de Fadise, quien puntualiza que son 28 las trabajadoras transexuales, 15 extranjeras y 13 chilenas.

"Carabineros ve a la chica parada y asume que es una trabajadora sexual. Algunas ejercen sólo para pagar los partes y por eso ya no los están pagando y cumplen reclusión nocturna porque no tienen dinero", asegura.

El comandante Orlando Menares rechaza las acusaciones, indicando que se fijan en la vestimenta y la actitud, aunque no estén en plena transacción.

"El criterio que usamos es decir 'realmente se ve mal que esta persona esté de esa forma vestida, ofreciéndose', eso a un niño o a una persona de edad le es un poco chocante", dice.

Respecto a como enfrentan el control de identidad a personas transexuales, Menares dice que "hay que hilar muy fino".

"Yo me voy a basar en lo que dice el carnet de identidad, si dice 'Marcelo', y se quiere llamar 'Marcela', perfecto, yo tengo que tener la suficiente apertura de mente, pero el parte tiene que ser al hombre. Si no aportan, son llevados a la comisaría, se les hace el control y se chequea el domicilio", detalla.

PROPUESTAS

La concejal Danisa Astudillo reconoce que los mismos representantes judiciales han advertido que el sistema no funciona.

La concejal apunta a determinar y consensuar un lugar para que, quienes ejercen la prostitución, puedan trabajar, y a la vez asegurar la calidad de vida de los vecinos.

"Se trata de personas, no de objetos, y hay que revisar las políticas de la Gobernación, porque hay mujeres que son explotadas", añade la edil.

"Se ha hablado muchas veces de un Barrio Rojo. En esta ciudad hay sex shops, cabarets, cafés con piernas, moteles, y existe el trabajo sexual. Ya que la industria es una realidad, hay que concentrar estos locales en un sector, porque hay clientes, esta es una zona minera. Incluso podría ser un atractivo turístico, aunque ese no es el foco que más importa", aclara Astudillo.

A modo de refuerzo, ya que sólo Carabineros y la Policía de Investigaciones pueden fiscalizar el cumplimiento de la ordenanza municipal 471, los inspectores de la Municipalidad de Iquique apoyan a los organismos policiales y de salud, desarrollando operativos preventivos conjuntos dos o tres veces por semana con el objetivo disuasivo y de control, y para mantener la seguridad y el orden en la comuna. J