El canciller Heraldo Muñoz y el agente de nuestro país para la demanda boliviana ante la Corte Internacional de Justicia, Felipe Bulnes, han manifestado su optimismo frente al inicio de los alegatos que se desarrollarán a partir de hoy en el tribunal de La Haya. La delegación nacional ha descartado caer en triunfalismos que traicionen el estilo sobrio que mantiene nuestro país.

Los juristas nacionales y el gobierno han sido categóricos respecto a que la solicitud altiplánica de salida soberana al mar no tiene fundamentos. Aquí no se trata de un diferendo limítrofe, sino de una demanda por supuestos derechos expectaticios de Bolivia.

Como se sabe, el vecino país perdió 120 mil kilómetros cuadrados de territorio y 400 kilómetros de costas durante la Guerra del Pacífico (1879-1883) y desde entonces reclama una salida al mar, una materia que parece lejos de terminar, considerando que el tema parece estar en el ADN de la comunidad altiplánica.

La mirada nacional ha sido categórica: La Paz confunde su aspiración marítima con derechos que supuestamente obligarían a Chile a otorgarle un acceso soberano al mar.

En definitiva, en las relaciones entre los Estados, lo que vale son los tratados y en particular el de 1904 que fijó las fronteras entre ambos países y las condiciones de acceso al mar. Los dos países cerraron sus problemas limítrofes con tratados donde quedó establecido el libre acceso al océano a la nación altiplánica por Antofagasta. Incluso esta última disposición es la responsable de los embarques de plomo por ese puerto, que son parte importante de los problemas de contaminación ambiental de la ciudad.

Los avances logrados hasta 2006, cuando se estableció una agenda de diálogo de 13 puntos que incluyó el reclamo marítimo, se fueron diluyendo. La posición nacional es monolítica, en el sentido de que no habrá salida con soberanía para Bolivia. Así las cosas, es difícil pensar en la profundización de las relaciones con el vecino país.

Sin embargo, con Bolivia se puede trabajar en diversas dimensiones de la integración: corredores transfronterizos, integración física, cooperación científico-tecnológica, movilidad de personas, facilitación del turismo, aspectos que pueden avanzarse mucho.

Hace algunos días la Presidenta de la República habló al país sobre las medidas que implementaría a partir los resultados de la Consejo Asesor contra los conflictos de interés, tráfico de influencias y corrupción.

Al dirigir un mensaje al país, la Presidenta Michelle Bachelet indicó que dentro de las iniciativas a implementar se transparentará completamente el financiamiento de la política, eliminando los aportes anónimos y reservados, y las empresas no podrán hacer aportes de ningún tipo. La transgresión de estas normas será considerada delito.

Se han propuesto un calendario exigente para los anuncios, contemplando 15 días para dictar medidas administrativas y 45 días para que los proyectos de ley ingresen al Parlamento.

En otra línea, en septiembre se dará inicio a un Proceso Constituyente abierto a la ciudadanía que a través de diálogos y debates, consultas y cabildos, se realizarán aportes para una Nueva Carta Fundamental, plenamente democrática y ciudadana, que todos nos merecemos.

Aquí hubo un trabajo que recorrió todo el país para conocer opiniones y recoger iniciativas que fueron plasmadas en las propuestas de la comisión y consideradas por la Presidenta. Lo más importante es que se les dará sentido de urgencia a lo anunciado, porque el país necesita con prontitud recobrar las confianzas en las instituciones. Lo necesita la región y lo necesita el país.

Cabe señalar que la Presidenta Bachelet recibió el informe de la comisión presidida por Eduardo Engel, documento que resume el trabajo realizado en todo el país a través de propuestas para el mejoramiento de las relaciones entre lo público y lo privado y el desempeño en los cargos de función pública.

El informe completo de es posible descargarlo en http://consejoanticorrupcion.cl