La Corporación de Ex Presos Políticos de Pisagua amenazó que si no escuchan sus demandas de tipo económico, de salud y daño moral, se unirán a la huelga de hambre nacional que tienen las diferentes organizaciones de derechos humanos a lo largo del país, que lleva 32 días desde su inicio.

"El informe Rettig ofreció un monto de 330 mil pesos por todo el daño que se había ocasionado y la Ley Valech de 150 mil. Hay situaciones que tienen que ver con temas de salud, donde los planes de atención integral, física y sicológica no están funcionando bien", dijo Enrique Echeverría, secretario general de la Corporación de Ex Presos Políticos.

"La región de Tarapacá no ha querido entrar en huelga de hambre por la edad y enfermedad de varios de nuestros compañeros. Hemos estado retrasando esa decisión, pero si no escuchan las demandas no lo podemos descartar", afirmó Echeverría.

Por su parte, la presidenta de la corporación, Juana Torres, expreso que: "Nosotros no solo hablamos de reparación, sino también de verdad y justicia. En Iquique todavía existen detenidos desaparecidos y varios casos de tortura vigentes", enfatizó.

DEMANDA

32 días son los que llevan en huelga de hambre los manifestantes de distintas agrupaciones de ex presos políticos a lo largo del país.

Estos grupos solicitan que el gobierno se comprometa con el proyecto de ley de indemnización para los ex detenidos, junto con la homologación de la pensión Valech y el monto de la pensión Rettig.

No obstante denuncian no haber recibido respuesta por parte de las autoridades y han asegurado que las condiciones de salud se deterioran con el paso de los días.

La situación no es distinta para la corporación de ex presos políticos de Pisagua, quienes sólo se han reunido con el obispo de Iquique, Guillermo Vera y el diputado comunista por Tarapacá, Hugo Gutiérrez.

DIRIGENTA

La agrupación de ex detenidos de Pisagua tiene a una representante en esta demanda nacional. Se trata de Odessa Flores, coordinadora de la corporación, quien lleva 31 días en huelga de hambre en las dependencias del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu).

La situación de la dirigenta la califican de "preocupante". J