Una nueva querella suma el exalcalde de Pica, el RN, Iván Infante y el exabogado de la municipalidad, Sergio Salas, luego de que el otrora jefe municipal contratara al exasesor jurídico para que se encargara de cobrar patentes comerciales adeudadas, lo que, a juicio de la actual administración, terminó por configurar los delitos de malversación de caudales públicos y fraude al fisco.

La acción judicial, liderada por el actual alcalde, el DC, Miguel Núñez, se presentó después de una primera querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado en 2014.

Según informaron desde la municipalidad, los hechos se iniciaron el 3 de octubre de 2011, cuando Infante celebró una modificación en la prestación de servicios del abogado municipal, Sergio Salas, en la cual se instruyó la realización de un estudio técnico contable y jurídico de todos los derechos, impuestos y demás obligaciones de las empresas que estuvieran emplazadas en la comuna y que no hubiesen cumplido con el pago de sus patentes comerciales.

ACUSACIONES

Salas debía realizar el cobro correspondiente a las empresas contratistas, relacionadas principalmente a Collahuasi y Quebrada Blanca. Según la acusación, el abogado recibiría, en cuanto honorarios, el 35% de los ingresos netos por concepto de patentes comerciales morosas.

Sin embargo, el trabajo encomendado debía regirse por las normas de contratación administrativas, pasando por la aprobación del Concejo Municipal, lo que no ocurrió.

Respecto a cómo se determinó el monto de las deudas, el municipio recordó que las patentes están reguladas y reglamentadas por ley, por lo que su creación, supresión, reducción y condonación son de iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República y no del arbitrio de un funcionario municipal.

Del mismo modo, el estudio, cálculo y giro de las patentes comerciales constituyen atribuciones propias de las unidades de administración y finanzas de cada municipio, por lo que no pueden ser delegadas.

A pesar de que no está claro el monto involucrado, Núñez asegura que éste supera los $500 millones.

Desde Santiago, el exalcalde de la comuna, el RN Iván Infante, dijo desconocer los detalles de la querella y aseguró que aún no ha sido notificado. J

l Hasta la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad en la comuna capitalina de Las Condes, llegó la exdiputada por Tarapacá, Marta Isasi Barbieri, quien declaró por cerca de tres horas como imputada.

La citación obedece a la investigación iniciada tras la querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra el exgerente de Corpesca, Francisco Mujica, y el exasesor comunicacional de Isasi, Giorgio Carrillo, por presuntos delitos tributarios tras el supuesto pago de 25 millones de pesos por parte de la empresa Corpesca, del grupo Angelini, a la exlegisladora en 2009, previo a la discusión de la Ley de Pesca.

Tras la diligencia judicial en Santiago, Marta Isasi reiteró su inocencia y aseguró que se mantiene tranquila.

A la presentación judicial del CDE, se sumó otra querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos contra Mujica y Carrillo, luego de que este último recibiera cerca de 28 millones de pesos de la pesquera, con el objetivo de financiar la carrera al Congreso de la exdiputada independiente por Tarapacá en 2009. J

l Los exfuncionarios del municipio de Iquique, cuyos contratos fueron extendidos por seis meses bajo la administración de Myrta Dubost, pero que terminaron siendo desvinculados por el gobierno municipal de Jorge Soria aún esperan soluciones.

Una de ellas, Bernardita Sepúlveda, exsecretaria de Aseo y Ornato, pidió terminar con las negociaciones y pagar el 100% de los dineros adeudados.

"Ellos nos ofrecen el 70, el 80% del total que se nos adeuda. Es absurdo aceptar una oferta si en todas las instancias judiciales hemos ganado. ¿Por qué vamos a transar en algo que por derecho nos pertenece?", dijo Sepúlveda.

El concejal Mauricio Soria, quien presidió el último Concejo Municipal indicó que el caso está en manos de Asesoría Jurídica.

"Con un grupo estamos muy avanzados, pero con otros se retrocedió, porque no quieren un acuerdo extrajudicial", dijo Soria.

Sin embargo, tanto concejales de la Nueva Mayoría como de la Alianza e incluso del propio sorismo, emplazaron al edil a terminar con el conflicto laboral.

"Si Contraloría dictamina que hay que pagar, hay que pagar. Este problema debe zanjarse y solucionarse a la brevedad, para qué seguir dilatando esta situación.", dijo el concejal Guillermo Cejas.

Bernardita Sepúlveda, en tanto, negó que los exfuncionarios estén divididos.

"Nos cambiamos de abogado, pero eso no significa que estemos enojados. Nadie acepta esta transacción, estamos todos por el 100% porque así lo determinó la justicia. No tenemos apuro", aclaró. J