Como una propuesta que "discrimina arbitrariamente" a parte importante del estudiantado nacional y que tiene "implicancias sistémicas" sin la discusión que el país se merece, califica Gonzalo Vargas, rector de Inacap y presidente de Vertebral, el anuncio del pasado 21 de mayo de la Presidenta Bachelet de implementar la gratuidad progresiva para el 60% de los estudiantes más vulnerables de educación superior.

La propuesta presidencial, que abarcaría a centros de formación técnica, institutos profesionales acreditados sin fines de lucro y universidades del Consejo de Rectores (CRUCH), desató una polémica que amenaza con profundizarse a medida que el Mineduc entrega la "hoja de ruta" para acceder al beneficio.

Vargas, quien representa también a los 20 institutos profesionales y centros de formación técnica acreditados con 400 mil alumnos que forman la red de Vertebral, reclama que avanzar en el mejoramiento del sistema de becas y créditos existente permitiría dar algo de margen para discutir más en profundidad quiénes y cómo accederán a la gratuidad.

-Efectivamente, hemos señalado que se trata de una discriminación arbitraria, porque excluye a una gran parte de los estudiantes de la educación superior. Tanto de las universidades privadas, que tienen en conjunto del orden de 400 mil alumnos, y en el caso de centros de formación técnica e institutos profesionales excluye a instituciones que tienen otros 400 mil alumnos. Entonces, hay un potencial de 800 mil alumnos excluidos, lo que significa dos tercios del sistema. Y beneficia a un tercio, lo que es inequitativo.

-Técnicamente lo estamos estudiando. Pero desde ya uno puede plantear que la Constitución establece igualdad ante la ley. Y lo que vemos es que dos estudiantes, que tienen las mismas condiciones socioeconómicas o antecedentes académicos, quedarían con un tratamiento muy distinto de parte del Estado. Por eso, sí nos parece que vulnera el principio de igualdad ante la ley.

Hoy existe un sistema de becas y créditos que va a continuar para las entidades que no entren en la gratuidad el 2016, de acuerdo a los anuncios del Gobierno. La discriminación arbitraria se produce porque van a haber estudiantes que recibirán un monto de ayuda muy superior a quienes van a seguir con becas y créditos. Esas becas y créditos pueden cubrir las necesidades de ese otro 40% que no esté incluido. Habrá una dificultad que es que quien esté en el percentil 60% estudiará gratis, mientras que quien esté en el percentil del 61% tendrá que asumir deuda para estudiar.

- Por supuesto que va a ser muy competitivo. Va a haber una enorme demanda por acceder a los cupos de gratuidad. Esto tiene que funcionar a través de acreditación socioeconómica. Eso no se puede eliminar y es lo que existe hoy para la asignación de becas y créditos.

- Absolutamente. Pero hay que distinguir una situación de corto y largo plazo. Lo que hace esta medida de la gratuidad es anticipar un debate de cómo debiera ser el sistema de educación superior en el largo plazo. Porque hay que recordar que no sólo hay una discriminación arbitraria en las instituciones que van a entregar gratuidad, sino que junto con esto el Estado va a fijar aranceles, cupos y otras obligaciones. Y el Ministerio de Educación no ha sido claro en aportar esa hoja de ruta para los años 2017-2018. No conocemos la nueva configuración del sistema de educación superior de la nueva ley. Y lo que planteamos es que debiéramos avanzar en el mejoramiento del sistema de becas y créditos que hoy existe. Ese sistema establece la acreditación socioeconómica para los estudiantes y la obligación de acreditar, que debieran ser obligaciones que se mantienen en el tiempo. Y para evitar esa discriminación arbitraria, lo que debiera hacerse es incrementar el monto de las becas respetando la igualdad ante la ley.

- Creo que esa afirmación es muy grave. Porque si él sugiere que hay universidades que lucran, el ministerio es responsable de velar que eso no ocurra. Cuando hablamos de discriminación arbitraria, nos referimos a que siempre la política pública puede discriminar y tratar a personas o instituciones distintas de manera distinta. La discriminación se hace arbitraria cuando trato de manera distinta a personas que son iguales. Y deja de haber un criterio objetivo para hacer esa diferenciación. Y eso es lo que estamos viendo acá: una discriminación a dedo.

- No tengo una explicación. Para mí es inexplicable, porque la hipótesis de ideología nunca podría estar por encima del principio legal que obliga a cualquier autoridad a tratar a los ciudadanos con el principio de igualdad ante la ley.

- Efectivamente. Esta medida no favorece a los más pobres.

- Creo que sí. Muchos estudiantes más pobres de los que serán beneficiados quedarán afuera. Entonces los nuevos recursos van a estar financiando a estudiantes menos pobres, en carreras más caras, en algunos casos, y en otros casos en instituciones de menor calidad. Es una política regresiva y poco eficiente en el uso de los recursos. No estimula la calidad, equidad y eficiencia.

- Ese análisis lo estamos haciendo con Vertebral, que cuenta con 20 institutos profesionales y centros de formación técnica acreditados con 400 mil alumnos y la más variada naturaleza jurídica y de ubicación geográfica. Estas entidades tienen una composición muy representativa de la realidad social y territorial del país. Como asociación estamos trabajando este tema. El año pasado hicimos una propuesta en que enviamos una estrategia de desarrollo. La presentamos a la autoridad y participamos en todas las instancias de diálogo que ha concretado el Mineduc. Dimos nuestra opinión respecto de lo que, creemos, deben ser las políticas de educación superior. El lunes de esta semana nos reunimos y definimos algunos cursos de acción. Lo que vamos a hacer serán análisis legales.

- En Vertebral se dan situaciones de distinta naturaleza. Hay un grupo de instituciones definidas como corporaciones y fundaciones que sí serían elegibles para la gratuidad. Existe un segundo grupo constituido como sociedades, que estarían disponibles para transformarse en fundaciones y corporaciones. Y hay un tercer grupo de sociedades con inversores, pero que durante 35 años la legislación ha permitido su existencia sin fines de lucro y reconocidos de forma triple por el Estado: por el Mineduc, con autonomía y acreditados, todo en instancias estatales. El Estado ha reconocido su legitimidad y calidad. La pregunta que hay que hacerse es si esto implica también una discriminación territorial. ¿Qué oferta gratuita habrá el próximo año en Rancagua, San Fernando, Calama o San Antonio? No existirá, porque ninguna de las instituciones que califican para la gratuidad el próximo año estás presentes en esas y otras ciudades. Santiago, Valparaíso y Concepción tendrán acceso a la gratuidad discriminatoria para la gente que vive ahí. Pero en muchas otras ciudades no habrá ni siquiera esa posibilidad. Es una medida excluyente. La gratuidad no le soluciona el problema al más pobre, porque debe mantener a su familia. Excluye también al egresado de educación técnica, porque la gran mayoría de las universidades seleccionan con PSU. En términos de exclusión social, es de la máxima gravedad. Lo que la autoridad está diciendo es que hay algunos más iguales que otros.

-De los 400 mil, poco más de 90 mil serían elegibles. De ellos habrá que ver cuántos vienen del 60% más vulnerable. Creemos que no serán más de 60 mil.

- La última palabra es del Congreso. Estamos comenzando a ver propuestas complementarias, donde el eje principal tiene que ver con las becas y créditos en 2016. Vamos a pedir ser recibidos por parlamentarios cuando tengamos propuestas más afinadas. J