Parece una frase cliché, sin embargo cuando se analizan las cifras y se conoce el problema desde adentro la frase de que "la pobreza es un círculo vicioso", no es más que una de las definiciones más acertadas a una problemática que no tiene solución.

Una de las aristas de esta problemática y donde se grafica fácilmente es la vida en las tomas de terreno. No es un fenómeno nuevo, pero si de muy difícil erradicación.

En el siglo XX, se usó para ocupar terrenos e instalar en el mismo lugar barrios que con el tiempo iban tomando forma y eran urbanizados posteriormente por el Estado o incluso por los propios vecinos, sin embargo esa realidad ha mutado a sectores que se han transformado en tomas definitivas.

En estos lugares llegan a vivir quienes buscan una solución habitacional y lo ven como una forma de a ser considerados en primera necesidad a la hora de entregar los beneficios. Incluso cuando los obtienen, llegan amigos o familiares a ocupar el terreno con el mismo fin, lo que hace estos lugares se mantengan habitados.

En el país existen 32.533 personas en campamentos, 1.200 en la región y 656 en la gran toma del Exvertedero, sin embargo en los últimos 10 años se entregaron cerca de un millar de soluciones a las familias que han llegado a vivir en el lugar desde distintas partes del país.

Si bien gran parte de este circulo vicioso es también responsabilidad de la ineficacia de los programas de vivienda, que no han sido capaces de satisfacer la gran demanda de la población nacional; un punto crítico es la selección eficiente de los beneficiarios y evitar que algunos opten sin merecerlo y además los obtengan.

No sería descabellado construir conjuntos habitacionales del Estado, que puedan ser ocupados por familias vulnerables por tiempos determinados, que no sean heredables y que puedan ser reutilizadas. Esto ayudaría a eliminar las actuales tomas, reducir problemas de hacinamientos, de salud pública y de seguridad.

El país se ha preocupado de reformas de educación, tributarias y electorales, pero es necesario que se aborde una política de Vivienda en base a criterios más modernos, flexibles y que además consideren las distintas realidades del país, tanto urbanas como rurales.

Desde antes de convertirse en Presidenta por segunda vez, Michelle Bachelet asumió como una de sus tareas primordiales trabajar por una descentralización real en el país, más allá de los discursos y las buenas intenciones. Ya durante su primer gobierno, en el año 2009, apoyó la reforma constitucional que permitió la elección directa de los consejeros regionales por sufragio universal.

Avanzar en materia de descentralización es un acto de justicia con millones de chilenos y chilenas que no pueden esperar más. La única posibilidad de un desarrollo armónico y sostenible de Chile, es que sea con sus regiones, no de espaldas a las regiones.

A partir del trabajo de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional, se han anunciado un conjunto de medidas que ya estamos ejecutando. Una de las más importantes es el proyecto de reforma constitucional que permite la elección directa y democrática de los intendentes. Con esto no solo profundizamos la democracia, sino que ademas damos la oportunidad de crecimiento y desarrollo a la medida de las regiones, conforme a sus necesidades.

Como actual intendente soy uno de los más interesados que estas medidas se materialicen, para que sean las propias ciudadanas y ciudadanos quienes elijan a la principal autoridad de la región.

Cada región contará también con gobernadores regionales, que son los encargados de llevar adelante las políticas nacionales en materias como control del orden público, el combate a la delincuencia, extranjería o emergencias, por ejemplo. Ellos son, además, los encargados de supervisar a las gobernaciones provinciales y de coordinar los servicios públicos que dependan o se relacionen con el Presidente de la República.

Es un primer paso, pero nuestro anhelo es que a fines de este gobierno, Chile haya hecho avances contundentes para consolidar una mejor democracia en nuestras regiones, con más autonomía y participación, con políticas públicas que tengan el sello propio de cada territorio.