Actualmente en la región existen 53 investigaciones en curso por delitos de corrupción, de las cuales 34 fueron ingresadas en Iquique, siete en Alto Hospicio y 12 en Pozo Almonte.

Según antecedentes del Ministerio Público, el 2014 se tramitaron 55 denuncias y este 2015 van 29 casos.

Normalidad

Cifras que para el fiscal regional (s) Raúl Arancibia, aún están dentro de lo "normal", si se considera por ejemplo la realidad de la región de Arica y Parinacota, que mensualmente ingresa 10 causas de este tipo. A diferencia de Tarapacá que no alcanza el promedio de 5 casos mensuales.

"Los más habituales son los delitos funcionarios, donde hay involucrado un empleado público, ya sea por una malversación de caudales públicos o fraude al fisco o en algunas ocasiones el delito cohecho", explicó el profesional.

Sobre este tipo de investigación, argumentó "que no tienen resultados inmediatos, son de lento desarrollo, de muchos peritajes, generalmente han tenido querellas por situaciones donde habrían irregularidades".

Junior Penecas

Un caso que retrata lo extenso de estas investigaciones es la denuncia por fraude al fisco interpuesta en el 2012 por la Intendencia, en contra de la actual directiva de la Liga Junior Penecas, liderada por Edwin Hormazábal, la que después de tres años sigue en curso.

Esto pese a la decisión de la Fiscalía de no perseverar en la investigación, lo cual no fue acogido por la Corte de Apelaciones, que en dos ocasiones no dio lugar a esta petición.

Según explicó el actual presidente de Alianza Lima, Patricio Martínez, en el año 2011, la liga infantil se adjudicó el proyecto "Campeonato de Clausura Copa Junior Penecas, Vivo Libre, Vivo Sin Drogas", financiado con 8 millones 200 mil pesos por el 2% FNDR para deporte, que consistía en organizar un campeonato, capacitar dirigentes y en la entrega de implementación deportiva, el cual desde el principio tuvo inconvenientes para su ejecución, lo cual despertó las dudas de algunos clubes.

Martínez, junto a los ex dirigentes de la asociación de Junior Penecas, José Lazo y María Coronil, pidieron la revisión de la rendición de cuentas del proyecto a la División de Análisis de Control de Gestión del Gobierno Regional, que informó que cerca de la mitad del proyecto ($4 millones 500 mil), no se había rendido correctamente.

Por esta razón, la exintendenta Luz Ebensperger, interpuso una denuncia ante la fiscalía, la cual encargó las diligencias a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, que en marzo de 2013 emitió un informe que concluyó que existieron irregularidades en la ejecución del proyecto y que los productos facturados a la empresa Kanturi, no fueron adquiridos por la asociación, por tanto procedía restituir esos recursos al fisco.

Eso no ocurrió y la actual administración del Gobierno Regional solicitó aclarar algunos puntos de la rendición de cuentas, que fueron remitidos a la Fiscalía Regional, que intentó cerrar el caso en dos ocasiones por falta de antecedentes que acrediten el delito.

"Queremos pedirle explicaciones a la Intendencia, porque ellos dicen que el proyecto está subsanado, hay un informe policial que dice que hay graves irregularidades respecto a la presentación del proyecto", cuestionó Patricio Martínez, quien ayer expuso el caso en el Concejo Municipal. J

l En los delitos de corrupción se incluye el cohecho (cuando se ofrece dinero para evitar alguna multa o sanción).

Sobre este punto el fiscal regional (s), Raúl Arancibia, precisó que "se incluyen situaciones muy cotidianas... por ejemplo un carabinero del tránsito que detiene a una persona, la fiscaliza y le ofrecen 30 mil pesos. No es que ocurra todos los días, pero ocurre muchas veces con ciudadanos extranjeros, que tienen una forma distinta de afrontar este tipo de situaciones".

Con este ejemplo, el persecutor explicó por qué en la Fiscalía Regional de Pozo Almonte habían más denuncias que en Alto Hospicio. J

l A diferencia de otras regiones, el Ministerio Público de Tarapacá no cuenta con funcionarios con dedicación exclusiva para este tipo de casos.

El fiscal regional (s), Raúl Arancibia, comentó que los persecutores Eduardo Ríos y Juan Zepeda, se han especializado, sin embargo no tienen dedicación exclusiva "porque no tenemos el número de personas que nos permitirían hacer una cosa así".

Hay que recordar que la región cuenta con 13 fiscales que poseen un promedio anual de 2.500 causas por funcionario.

Aunque no profundizó en los casos que se investigan actualmente, ya que se encuentran en fases preliminares, refirió que el Caso Muebles es uno de los más emblemáticos por su duración, los involucrados y su repercusión mediática. J