El Gobierno rechazó categóricamente un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia mediante el cual catalogaron el paro portuario de los trabajadores de Iquique como un "atentado contra la economía boliviana".

Al respecto, el Ejecutivo se pronunció mediante otro comunicado e indicó que "es completamente improcedente y ajena a la realidad la calificación de esta movilización laboral", protagonizada por los trabajadores del frente N° 2 del Puerto de Iquique, el cual ha afectado a usuarios chilenos y de terceros países.

En la misma línea, el Gobierno chileno refutó que dicho paro implique un incumplimiento del Derecho Internacional y de los compromisos asumidos por Chile, ya que el país "cumple escrupulosamente con lo estipulado en el Tratado de Paz y Amistad de 1904, en cuanto al libre tránsito comercial que allí se concede a Bolivia".

"En este marco, y como es de público conocimiento, Chile concede a Bolivia franquicias y facilidades de tránsito comercial que exceden con mucho las estipulaciones de las convenciones multilaterales vigentes sobre la materia, así como el contenido del Programa de Acción de Viena sobre Países en Desarrollo sin Litoral", señaló el Ejecutivo.

La diplomacia chilena rechazó además los "irrespetuosos términos y falsas aseveraciones del aludido comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, que no hacen más que demostrar su intención de hacer un burdo uso político de una situación laboral".

Del mismo modo, establecieron que el puerto de Iquique no ha sido habilitado para el régimen de libre tránsito de Bolivia conforme al Tratado de 1904, "pese a la voluntad del Gobierno de Chile para tal efecto".

Y agregaron que el 14 de enero de este año, el país propuso al Gobierno de Bolivia llevar a cabo "las gestiones diplomáticas correspondientes para la entrada en operación". J

l En el marco de la agenda de probidad y transparencia que está impulsando el Gobierno, ayer la Presidenta de la República, Michelle Bachelet firmó indicaciones al proyecto que crea una Comisión de Valores y Seguros, junto a la dirección general de concesiones de obras públicas.

En la instancia, la Mandataria dijo que "llevar adelante una agenda de probidad ambiciosa como esta será un tarea del Gobierno que empujaremos de manera incasable, ayer lo decía el ministro (Jorge) Burgos, hemos pagado caro no haberlo hecho antes", enfatizó.

En el detalle, las indicaciones implican la reducción de cinco a tres los miembros de la comisión, los que pasarán a tener dedicación exclusiva.

"Quienes tengan como función regular lo que pasará con los ahorros u otro tipo de valores, no pueden estar abocados a otras funciones", dijo Bachelet. Además tendrán un régimen estricto de inhabilidades, que aseguren que no haya conflictos de interés. J