Alcances de la reforma educacional
Luego de que la Reforma Educacional fuera más un tema de discusión política y de agenda noticiosa, los padres y apoderados en algunos colegios han comenzado a conocer -al parecer- los primeros alcances de esta iniciativa de Gobierno.
La aprobación a principios de este año en el Congreso de la Ley del Inclusión Escolar -conocida también como la que pone fin al lucro, la selección y el copago- se convirtió en uno de los primeros y fundamentales pasos para esta reforma.
Esto, porque este nuevo marco cambia el modelo para poco más del 50% de los estudiantes del país, que es la proporción que corresponde a quienes asisten a colegios particulares subvencionados. Más de un millón y medio de familias están a la espera de la forma en que se vaya desarrollando este cambio en el sistema de administración educacional.
Y es que a partir de 2016 comenzaría a implementarse la eliminación del copago, especialmente sensible en colegios particulares subvencionados que deberán definir, en lo principal, si pasarán a ser fundaciones sin fines de lucro o tendrán que convertirse en establecimientos privados.
Cuando en 2015 ya se completa el primer semestre, existen colegios que se encuentran con definiciones claras, las que están siendo comunicadas a padres y apoderados. Aunque -debe decirse- el grueso debería conocerse en las próximas semanas.
En esto, la transparencia de los establecimientos, en este sentido, es fundamental.
Pero también es vital que el sistema de educación pública se prepare para comenzar a recibir a los estudiantes que eventualmente no continúen en los colegios que pasen a ser privados, o que no tengan carácter de prioritarios para las futuras fundaciones.
El aumento de matrículas no puede sorprender a las escuelas y liceos hoy de carácter municipal.
Porque el objetivo de la Reforma Educacional es mejorar el sistema y no generar confusión o incertidumbre. Y en ese sentido, el Gobierno también debe reforzar su protagonismo en la información y guía para las familias, junto con la preparación adecuada del sistema público para enfrentar los nuevos escenarios.