Fue tanta la alegría de los hinchas tras el triunfo ante Uruguay que un automóvil no notó el sentido de calle Serrano y tomó la costanera hacia el oriente. Lo increible fue que tres carabineros lo vieron y solo dijeron: "Mira va en contra el tránsito".
Independiente de la resolución de los conflictos en zona franca de Iquique y que los empresarios puedan llegar a un acuerdo, los trabajadores podrían iniciar una movilización por la merma que tendrán en sus remuneraciones.
Si bien los paros son parte de una gama de medidas de presión a las que eventualmente pueden optar organizaciones sociales para ir en busca de un propósito determinado, en el siglo XXI, y con la existencia de técnicas de resolución de conflictos, debería existir una evolución que permita no llegar a extremos que hoy parecen cada vez más vigentes.
Los problemas en la Zona Franca de Iquique y el puerto son una muestra de la vigencia de estas medidas, donde el gobierno central se detiene en una agenda cargada de cuestionamientos, para hacer un paréntesis y "resolver" el problema en el norte del país.
Independiente de la validez o novedad de estas medidas incluidas dentro de un Plan Especial de Desarrollo para Iquique, sin la presión de los paros y las amenazas con sitiar la ciudad hubiese sido difícil captar la atención del Ejecutivo.
Pese a ello, es cuestionable y hay que poner en una balanza qué es lo que gana y pierde Iquique con las movilizaciones. El daño al puerto es cada año mayor, el turismo y el comercio exterior también se resienten, aunque muchas veces el desmedro es silencioso.
Hace 50 años, en voz del propio alcalde se pusieron banderas negras y paralizó la ciudad para conseguir medidas para Iquique, lo lamentable es que medio siglo después los gremios locales deban recurrir a las mismas prácticas.
Además los últimos paros dejan claro que los intereses siguen siendo particulares, por un lado los usuarios del sistema para conseguir tarifas más bajas de arriendo, en el puerto los trabajadores un mejor arreglo con la empresa y desde la Municipalidad el interés por desarrollar los corredores biocéanicos, independientemente que este último tiene que ver con una gestión de impacto social.
Los cuestionamientos a los financiamientos a las campañas y los conflictos de interés durante las gestiones, que han llevado incluso a la salida de un ministro en menos de un mes, dan cuenta de una debilidad del sistema político, que es permeable a este tipo de presiones. En este sentido, urgen medidas de descentralización que eviten que los alcaldes deban viajar y que las personas paralicen.
Para quienes han transitado por las calles con concreto en el nuevo par vial, se nota la diferencia. A veces una inversión un poco mayor hace la diferencia en la durabilidad y calidad. Ojalá se replique.
En la actualidad, los sistemas de certificación ambiental han tenido una alta relevancia a nivel mundial debido principalmente al plus que significa tener una de estas certificaciones tanto a nivel empresarial, municipal o incluso a nivel de entidades de gobierno.
Uno de los primeros documentos ambientales, en los cuales se hace directa mención a las certificaciones ambientales y su necesidad de implementarlas, fue en la denominada Agenda 21, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, llevada a cabo en Río de Janeiro en 1992.
Una certificación ambiental implica -entre otros aspectos- utilizar en forma eficiente los recursos y medios que dispone dicha entidad, con la finalidad de lograr los resultados planificados sin generar un daño considerable al medio ambiente.
En el caso de las empresas privadas, necesariamente esta certificación es recibida al implementar ecodiseños en sus productos a generar, los cuales pueden incluir utilización de materiales reciclados, eficiencia energética en la producción o minimización de la huella de carbono.
Una de las entidades más reconocidas en este rubro es la International Organization for Standardization o mejor conocida por sus siglas ISO.
Los principales rubros en los cuales esta organización otorga sus certificaciones son la producción amigable con el medio ambiente, la calidad del producto generado y la inocuidad de los alimentos.
Por otra parte, en el ámbito municipal, Brasil y México poseen aproximadamente el 45% de sus municipios certificados ambientalmente, con medidas que incluyen por ejemplo la impresión a doble cara de sus documentos, reciclado de tintas de impresoras e implementación de educación ambiental como asignaturas obligatorias en los liceos municipales.
En Tarapacá, según datos del Ministerio de Medio Ambiente, únicamente los municipios de Iquique y Alto Hospicio cuentan con sistemas de certificación ambiental, o bien se encuentran en proceso de obtenerla. El optar por certificarse a nivel regional debiera ser un paso necesario y un desafío a corto plazo.