No fue un mes fácil, el de junio que recién termina, para nuestra región y menos aún, para nuestra Zona Franca. Con dolor se completaron 10 días de paralizaciones, que afectaron por completo al sistema y que terminó el 27 recién pasado, retomando el 100% de su actividad productiva. Y digo con dolor porque fue una paralización forzosa, no del agrado de todos, pero inducida por una serie de factores que llevaron a sus actores a tan drástica medida. Se acumularon tensiones por casi tres años de desencuentros, con la administración y dirección del sistema franco, que no fueron escuchadas. La mayoría de estas peticiones no son, aunque cueste creerlo, en favor directo de los usuarios. Son medidas orientadas principalmente a recuperar la competitividad del comercio tanto al por mayor como al detalle; medidas para hacer de Zofri una herramienta con proyección de futuro, como lo fue en sus inicios y con la estabilidad que tuvo hasta el 2012.

En lo básico de los acuerdos logrados, lo más relevante es la constitución de una mesa de trabajo que elaborará en los próximos 3 meses un informe técnico, asesorado por expertos, para la decisión importante de tarifas y contratos. Si no existe acuerdo en un periodo de 6 meses, se sumará a la mesa un árbitro externo para que establezca el sistema tarifario definitivo. Por primera vez, en la historia de Zofri, se formará una mesa de Usuarios y Zofri S.A., es un gran avance y la puerta para juntos buscar la combinación óptima de cobros, que permita el crecimiento de los negocios y también la rentabilidad justa para la empresa que tanto aporta a la región.

Como Usuarios queremos agradecer a los trabajadores de Zofri por el esfuerzo económico que realizaron durante los días de paralización y agravada la detención del Puerto- también ocasionó consecuencias negativas en varios sectores. En el transporte, camioneros iquiqueños y bolivianos sufrieron grandes pérdidas económicas. Lo mismo, las pymes que se abastecen de insumos provenientes de Zofri.

Ahora, lo que tenemos por delante es definir cuáles serán las tarifas más adecuadas, esperamos que sea en un marco de diálogo fluido y el término de la imposición unilateral.

Mediante una serie de manifestaciones la comunidad ha mostrado su rechazo ante los actuales niveles de delincuencia que se están presentando en el país. Mientras en la capital los vecinos de las comunas de Las Condes, Vitacura y Providencia han salido a la calle con protestas y cacerolazos, en la Región de Tarapacá se están haciendo habituales las denominadas detenciones ciudadanas.

El problema es preocupante y estas acciones dan cuenta del alto grado de desamparo que siente la comunidad ante los delincuentes. Si bien las autoridades llaman a la calma y a dejar el tema en mano de los organismos involucrados en la seguridad y el orden público, la sensación es que aquello no parece ser suficiente para tranquilizar a la población. Tal es el nivel de preocupación, que un grupo de vecinos de Alto Hospicio decidió advertir a través de un cartel instalado en el cierre perimetral de un condominio que aquel que sea sorprendido robando en su conjunto habitacional arriesga ser linchado por las víctimas.

En ese contexto, es urgente que las autoridades adopten acciones reales respecto a un problema que podría generar una peligrosa escalada de violencia. Pese al esforzado discurso oficialista por mantener un ambiente de tranquilidad y de una situación controlada, lo cierto es que al menos en Iquique y Alto Hospicio los números establecen que la delincuencia va en aumento.

Según el Reporte Estadístico de Carabineros correspondiente al periodo de enero a mayo de este año, Tarapacá se instala como la región donde más crecieron los delitos de mayor connotación social (9%), esto al comparar los años 2014 y 2015, a diferencia del promedio nacional donde se visualiza una baja de -1,4%.

En términos absolutos, entre enero y mayo de este año la región sumó 2.176 delitos violentos, es decir, 209 más que el año anterior. En el caso de los delitos contra la propiedad, el número aumentó de 3.124 a 3.373.

Hoy se necesita que la autoridad política, los legisladores y las instituciones involucradas generen acciones concretas y no solo mesas de trabajo donde prevalecen los discursos y no las soluciones.