La circular del Ministerio de Hacienda del pasado 14 de abril además de ser preocupante para los funcionarios de gobierno, quienes verían mermados sus ingresos al restringirse los viajes y las horas extraordinarias, siembra también un manto de dudas respecto a la labor territorial de los servicios del Estado.

Hoy los funcionarios están alerta frente a una situación que ocurrió en forma similar en el gobierno pasado en el Ministerio de Cultura, cuando el ministro Luciano Cruz Coke restringió los viajes de los funcionarios y los reemplazó por aparatos de video conferencia.

En ese entonces se iniciaron una serie de protestas, sin embargo, en ese caso solo involucraba restringir viajes innecesarios.

La medida indica específicamente un llamado a la "austeridad, probidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos", una labor que debiera ser intrínseca al servicio público.

Además detalla una restricción a los pagos por publicidad, difusión y suscripciones, representación, uso y circulación de vehículos fiscales, comisiones de servicio (viajes) en el país y en el extranjero, gastos fijados en glosas (honorarios, viáticos, horas extraordinarias y capacitación), así como en adquisiciones, licitaciones y adjudicaciones.

De esta forma será necesario conocer cuánto impactará en el trabajo social que realizan los distintos servicios en terreno, por ejemplo cuando su labor se despliega a los pueblos del interior, donde las distancias hacen que no se pueda realizar un trabajo adecuado si no se cuenta con el tiempo necesario para permanecer en ellos.

En este sentido, este plan de austeridad debería ir más allá de una ordenanza dejada al criterio, puesto que muchas veces estas decisiones quedan al arbitrio de los jefes de las áreas de presupuesto o directores regionales, a quienes se les puede cuestionar su capacidad de dirimir entre qué es lo "imprescindible".

Ojalá esta discusión planteada por los funcionarios de los gobiernos regionales no quede solo en los intereses particulares, sino que apunte a la búsqueda del necesario equilibrio entre cuidar los recursos sin perder el horizonte de que el Estado llegue a todos los rincones del país.

El diálogo se impuso y confirmó que es la única forma de solucionar diferencias. Otras formas de presión sólo producen daños y perjuicios, afectando de paso a quienes no tienen interés directo en el conflicto y solo se ven perjudicados.

Es de esperar que esta experiencia sirva de lección. Por delante, tenemos que trabajar en la mesa técnica con el fin de proponer un sistema de tarifas que se adapte a las variaciones y fluctuaciones de la actividad económica de la región y del país. No podemos estar ajenos a dichas realidades. Lo importante en esta mesa, que está en pleno funcionamiento, será el espíritu con que aporten cada uno de sus miembros. Me parece fundamental que tengan la capacidad de observar la situación en su conjunto y no sólo desde los intereses particulares de cada uno o de quienes son representados por ellos.

Será esencial, entonces, actuar en todo momento de buena fe y de manera transparente. Entiendo que es difícil pero el nuevo sistema de tarifas no sólo incide en los resultados de una empresa, como algunos con ligereza a veces plantean, sino que por el contrario, las tarifas deben considerar que son lo correspondiente a los "impuestos", ya que por operar en zona franca los usuarios están exentos de ellos. Por ello en las tarifas existe un elemento de justicia con el resto de las empresas del país, pero también con los chilenos que a través del pago de sus impuestos financian los que no se pagan en la zona franca.

Las tarifas constituyen el único ingreso de la sociedad administradora, la que a su vez debe distribuir un porcentaje de dichos ingresos entre las 11 comunas de las regiones a Tarapacá y Arica-Parinacota. Si los ingresos bajan, también los aportes a las comunas y sus habitantes. Por último, las tarifas, sin duda, deben considerar también no constituir un costo excesivo para la sustentabilidad de las empresas usuarias.

El sistema franco es una zona de excepción que, en virtud de ello, tiene objetivos de bien público que todos debemos considerar y tener presente cuando adoptamos alguna decisión. Está mucho mejor protegido cuando se dialoga y buscan soluciones en conjunto. Así lo estamos haciendo y así lo espera toda la comunidad.