Alcaldes, concejales municipales y consejeros regionales comenzarán a ser regulados por la Ley del Lobby a partir del próximo 29 de agosto, sumándose a las autoridades del Ejecutivo y parlamentarios que ya se rigen bajo esta ley.

En la Intendencia de Tarapacá se realizó una capacitación de la normativa, la que contó con integrantes del Consejo Regional, concejales de las comunas de Iquique y El Tamarugal, y representantes municipales. La actividad fue liderada por el director general del Consejo para la Transparencia, Raúl Ferrada.

CARENCIAS

El core Rubén Berríos aseguró que, aunque están contemplados en la normativa, ésta no se hizo pensando en ellos como consejeros regionales.

"La ley habla que, en caso de sanciones, Contraloría informará a los jefes de servicio para que éstos comuniquen al afectado, pero nosotros no somos funcionarios públicos y no tenemos jefes de servicio. Hay que considerar que las multas son importantes. Van de 10 a 30 UTM, o sea, toda la dieta", dijo Berríos, quien además se mostró preocupado ya que no tienen oficinas para concretar las audiencias que luego serán registradas.

"Hay un plazo de tres días para responder si se dará o no audiencia a una persona. Si se incumple ese plazo podría haber una sanción. Nosotros no tenemos instalaciones, ni oficinas. ¿A dónde nos llega la solicitud de reunión o entrevista?", agregó el consejero.

PROYECTOS

Los consejeros regionales también expresaron su postura respecto a si podría existir lobby al interior del Consejo Regional. En ese punto, el core José Lagos fue enfático.

"Por ningún motivo podría llegar alguien a pedirnos el voto. La política no es para hacer negocios sino para beneficiar a la gente que presenta los proyectos y desarrollar la región en deportes, cultura, seguridad ciudadana. Ése es el centro. El que quiera hacer negocios con la política que se vaya a otro lado", dijo Lagos. Opinión distinta a la del consejero Berríos.

"Una comunidad se puede dirigir a nosotros porque tiene problemas de alcantarillado y eso está dentro de la Ley del Lobby. O una empresa que quiera adjudicarse una obra de recursos del Fndr, el teleférico o el rompeolas, por ejemplo, puede mandar a un lobbista. Hay varias instancias donde podemos caer en la ley", explicó. J

El concejal de Iquique, Arsenio Lozano, quien también llegó hasta la capacitación en la Intendencia junto a los cores y sus pares rurales, dijo que la Ley de Lobby le impedirá ayudar a los iquiqueños de más escasos recursos en el Concejo Municipal.

"Me gustaría saber lo que es el lobby. Si me piden un favor como concejal, yo que soy el 'amigo concejal', del pueblo, de los pobres, voy y digo: 'mire alcalde, esta persona de escasos recursos necesita esto'. Si veo que esta ley me inhabilita para hacer el trabajo de la gente humilde y desposeída, no me presento más a concejal. Yo empecé lustrando zapatos, vendiendo diarios, chupetes, chicles en los negocios nocturnos, cargando maletas al Longino. Entonces, ¿A quién tengo que llegar? Si no se puede, preferiría no presentarme, ver cómo seguir representándolos o buscar un vacío legal. Todos han visto como peleo por mi gente", expresó el edil del municipio iquiqueño. J

"La Ley de Lobby no prohíbe el lobby", dijo, expresamente, el director general del Consejo para la Transparencia, Raúl Ferrada, quien llegó desde Santiago para presidir la capacitación a funcionarios y representantes de la política local ante lo que ocurrirá a partir del 29 de agosto. "El lobby es una actividad legítima, normal y propia entre las comunidades, los ciudadanos y sus autoridades públicas. Se ha realizado siempre y es hasta deseable. La palabra tiene una connotación negativa pero no lo es", aseveró.

Ferrada aclaró que la Ley del Lobby busca regularlo. "Lejos de prohibirlo, se establecen mecanismos para dar a conocerlo. La ley apunta a que una actividad, que es vista con sospecha y busca incidir en las decisiones públicas, se haga de forma transparente", detalló el director.

La normativa establece dos conceptos, el lobbista y el gestor de intereses particulares. "El lobbista es remunerado y el gestor no. Pero ambos son lo mismo: representantes de grupos de interés que buscan manifestar sus puntos de vista ante la autoridad para que tome una u otra decisión", dijo Ferrada.

Según el representante del Consejo para la Transparencia, lo relevante es que se pondrá a disposición un sistema informático para que se puedan registrar y publicar los datos que exige la normativa: el portal infolobby. "Son tres registros: audiencias, viajes y donativos. En audiencias hay que detallar la fecha, el motivo, quién la solicitó y quiénes participaron. En cuanto a los donativos, no hay monto mínimo. Se debe señalar en qué consiste y quién es el donante. Y en el registro de viajes, el motivo, el costo y quién lo financió", especificó.

"El acceso a las autoridades se democratiza. Cualquier persona puede llenar un formulario para pedir una reunión y le tienen que responder dentro de un plazo. Se empareja la cancha. Un dirigente vecinal tiene el mismo derecho que un lobbista profesional contratado por una gran empresa", agregó. J