El pasado 21 de mayo, la Presidenta anunció el comienzo de la gratuidad en la educación superior, restringiéndola en su primer año de aplicación solo a aquellas universidades del Consejo de Rectores (25 de las 59 existentes en Chile) y a los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica sin fines de lucro (8 de los 71 autónomos existentes en el país). Desde el anuncio presidencial la discusión comenzó a tomar fuerza y está dando paso a interesantes propuestas provenientes incluso de parlamentarios que apoyan el actual Gobierno.

La discusión en torno a la reforma en educación superior reclama su espacio y con fuerza, hay fundados argumentos que cuestionan los pilares básicos de los cambios anunciados.

En primer lugar, parece sensato cuestionarse por qué la prioridad se ha puesto en el final de la cadena educativa y no en el principio. El sistema preescolar no ha sido revisado y nadie discute que es en este segmento donde puede lograrse un mayor cambio social. Si queremos avanzar con mayor rapidez en la igualdad, debemos comenzar desde el inicio de la formación y no partir por los que han tenido el privilegio de llegar a la educación superior.

En segundo lugar y asumiendo que se insistirá en comenzar por la educación superior, no resulta claro que la gratuidad deba ser universal, ya que hay un segmento de la población que perfectamente puede costear sus estudios superiores, ahorrando al Estado recursos para ser asignados a los de menor ingreso, en especial si se sabe que los recursos son escasos y podrían no alcanzar para todos.

Finalmente, respecto del cómo se entregarían los recursos del Estado en un sistema que asigne gratuidad, esta distribución debe ser lo mas justa y equitativa posible, y es precisamente este punto el que mayor rechazo ha generado en diversos sectores sociales.

Resulta discriminatorio restringir el aporte universitario solo a ciertos planteles, toda vez que existe una cantidad mayoritaria de alumnos que estudian en Instituciones reconocidas y acreditadas, que no pertenecen al Consejo de Rectores. Si asumimos la educación como un derecho fundamental de las personas, parece justo que sean ellas las que reciban el apoyo del estado, priorizándolas por su condición socioeconómica y no entregar discriminatoriamente el subsidio a una parte de los planteles acreditados.

Febrero se llevó dolorosamente parte importante del patrimonio de Iquique luego del incendio que afectó al edificio de la Exaduana.

La histórica estructura, que sirvió de sede a la Prefectura Provincial de Tarapacá, la Capitanía de Puerto y la Aduana peruana, fue construida en 1871 e inaugurada el 28 de julio de 1876. También tuvo el honor de recibir los restos de Arturo Prat tras el Combate Naval.

Con solo estos antecedentes ya es claro que por historia es uno de los sitios patrimoniales más importantes del país y lo cierto es que al fragor de las llamas, las autoridades anunciaban al unísono como una cruzada su restauración.

El alcalde Soria comprometía esfuerzos para repararla en el breve plazo e incluso vaticinó el mes de mayo pasado su entrega, plazo que no era posible de cumplir y más allá de las buenas intenciones lo establece así el calendario.

Del hecho van cinco meses y todavía no se pudo ejecutar el reforzamiento de la estructura, que sigue mirando vestida de ceniza como la ciudad que la cobija por casi 140 años no logra devolverle la vida.

Unas cuadras más allá el Teatro Municipal parece decirle a la Aduana que tenga paciencia, pues ya lleva 18 años esperando su restauración, desde su cierre oficial el año 1997 y promesas más y menos, tampoco hay trabajos, mientras afirmado de su brazo el también patrimonial restaurante "La Protectora" le da ánimos con renovada cara gracias un proyecto privado.

Cuando el fuego consumió la estructura hubo compromisos gubernamentales de que el edificio era prioridad y la palabra "trabajaremos fuertemente" era repetida como un verdadero Padre Nuestro.

No hay que olvidar que los iquiqueños lloraron y que la pérdida de su edificio les dolió en el alma. Tampoco que el inmueble no contaba con red seca y que hubo debate por las responsabilidades del hecho, había una concesión vencida y material inflamable al interior.

Es entendible que los procesos burocráticos deben respetarse, pero la paciencia es cada vez más exigua y una estructura patrimonial de esta envergadura merece la prioridad prometida, en una región donde en la actualidad todavía no hay si quiera un encargado de Patrimonio del Consejo de Monumentos Nacionales.