El caso Quemados, que moraba en la memoria de los luctuosos sucesos de la dictadura militar desde 1986, hace surgir el olvido de las promesas hechas a la ciudadanía en 1989, que fueron la solución de la problemática de los Derechos Humanos. La revelación de responsabilidades de omisión durante el gobierno de Patricio Alwyn de parte de su ex vocero E. Correa, denunciadas por Carmen Gloria Quintana, hacen pensar en la entrevistas de la historiadora Patricia Arancibia a ex personeros de la Concertación, recopiladas en El Mercurio en el 2003 y que señalan que hubo pactos de acuerdo entre la Concertación y la dictadura militar, esos puentes dieron paso a una política de los acuerdos en la cual, la ciudadanía sintió que todo seguía igual y hoy muchos piensan lo mismo.

El rol de la región Tarapacá, no fue menor, hacia 1990 en junio, el descubrimiento de la fosa común en Pisagua, genera un impacto en la ciudadanía y las declaraciones de la época de hacer justicia en la medida de lo posible, mostraba al país que había un poder de facto, basta recordar los acuartelamientos de tropas en 1990 , el caso pinocheques y el llamado boinazo de 1992, dan una pauta del poder fáctico en la política real, que inaugura la postdictadura.

En 1999, Hugo Fazio, publica el libro "el programa abandonado" y la candidata del PC, Gladys Marín postula a la presidencia de la república con un programa político, basado en las promesas que la concertación no cumplió en 1989, es decir, 10 años después.

La política de los acuerdos que cansó a la ciudadanía y gatilló los movimientos sociales del 2006, 2011 y 2014, revela que está práctica se agotó, pero hoy vuelve a campear, dado que la gobernabilidad es lo primero y se busca asegurar el período histórico de 1990 en adelante que se basa en defender un modelo económico neoliberal, la privatización de los servicios, las inversiones extranjeras y la buena vecindad con la alianza por Chile.

La corrupción que se ha cebado en Chile y que fue oculta, como los mismos acuerdos de la clase política, ha destapado la desconfianza acumulada por las promesas incumplidas desde 1990 a ello se suma la pérdida de identidad ideológica, dado que si fuera por ésta, no habría sucedido la historia que hemos visto hasta ahora.

Si bien Iquique está lejos de alcanzar los niveles de violencia de otros países, para la mayoría de los ciudadanos son preocupantes los hechos delictivos de los últimos días y más aún el uso de armas de fuego.

En las páginas de este diario, se han informado varias balaceras, heridos y fallecidos por armas de fuego, asaltos armados e incluso de ataques a Carabineros en una ciudad que por baja población debería ser más segura.

Ahora se trata de un problema transversal que se está propagando por distintos sectores de la ciudad, incluso durante el día, lo que aumenta el temor de los vecinos.

Una prueba de estos hechos lo entrega el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que en sus cifras da cuenta del aumento progresivo en el índice de tenencia de armas en Tarapacá, que por cada 100 mil habitantes pasó de 97 a 183 casos en los últimos cuatro años (2010-2014), a diferencia de los casos registrados en el país que en el último año llegaron a 76 por cada 100 mil habitantes.

Aunque la seguridad está a cargo de las policías, cada vez es más necesario que la comunidad completa se involucre en la prevención.

Como sociedad no podemos esperar hasta que una bala alcance a un ser querido para generar un compromiso activo con la seguridad, lo que no se traduce en más detenciones ciudadanas, sino que en la recuperación de los espacios públicos, la comunicación con los vecinos, la denuncia efectiva y la elaboración de proyectos de seguridad vecinal.

Atendiendo el actual escenario, también es urgente que las autoridades entiendan que deben cumplir el rol de resguardar la sana convivencia y que para ello, es indispensable revaluar los actuales procedimientos y potenciar a los organismos de seguridad y orden público, tanto en la forma como en el fondo.

Es importante que de una vez por todas las autoridades comunales y regionales reparen y actualicen el sistema de cámaras de seguridad, generen recursos y exijan más personal y herramientas técnicas para las policías, ya que contrastando la realidad y los discursos, es evidente que la región no puede seguir esperando y que algo está funcionando muy mal.