Unos 200 mil estudiantes del nivel superior estudiarán gratis desde el próximo año, según estimó ayer la ministra de Educación, Adriana Delpiano, luego que el Gobierno fijara el lunes que la gratuidad se ampliará al 50% el 2016 con la inclusión de universidades privadas que estén al margen del Consejo de Rectores, e institutos profesionales y centros de formación técnica que cumplan con ciertos requisitos.
La autoridad agregó que no tiene claridad aún respecto a cuántas instituciones abarcará, pero agregó que la nueva política no afectará a quienes ya estudian con becas o préstamos, a los que se le mantendrán sus instrumentos.
Las modificaciones fueron criticadas por las instituciones privadas, que acusaron que se mantiene la discriminación y arbitrariedad.
Las exigencias para optar serán que las universidades estén acreditadas por más de cuatro años; no posean como integrantes de la corporación o fundación universitaria a sociedades comerciales; y que tengan representantes en sus estamentos estudiantil y/o funcionario en algún órgano de gobierno superior del plantel.
La Corporación de Universidades Privadas (CUP) aseguró que las medidas marginan a 400 mil jóvenes vulnerables.
Uno de los focos de sus críticas es el número de años de acreditación exigidas, ya que denuncian que universidades tradicionales como la Arturo Prat, de Magallanes, Los Lagos, Tecnológica Metropolitana y Católica de Temuco no lo cumplen pero sus alumnos sí recibirán el beneficio.
El ente dijo que los criterios eran una "disposición administrativa antojadiza" y que carece de sustentación legal.
El miembro del CUP y rector de la U. San Sebastián, Hugo Lavados, cuestionó también el requisito de la participación de estudiantes y/o funcionarios. "Es arbitrario. Nosotros la tenemos, pero eso no quiere decir que deba ser un criterio", dijo a .
Las ministra aclaró que incluyeron las tres exigencias porque estarán en el proyecto de ley que presentarán en septiembre, que institucionalizará la gratuidad futura. J
El presidente de Vertebral (asociación que agrupa a CFT e IP) y rector de Inacap, Gonzalo Vargas, dijo que muchos de estos organismos cumplen con la acreditación, pero como la ley les permite el lucro no podrán acceder a la gratuidad. Para modificarlo, propuso el envío de una ley corta que les permita cambiar las personalidades jurídicas a corporaciones sin fines de lucro.
Camila Infanta S.
