Aunque es un cliché, el llamado "sueño de la casa propia" es cada vez más difícil de concretar en Chile y sobre todo en Iquique. Lograr que las instituciones bancarias confíen y obtener un crédito que permita cubrir los altos costos de las propiedades es imposible para muchas familias de la clase media.

Si bien este hecho es crítico y desesperanzador para muchas familias, lo peor es que los precios no deberían bajar en el mediano plazo y más aún seguirán incrementándose, no solo por la escasez de terrenos que existe en la capital regional, sino también por concepto de la Reforma Tributaria.

El incremento no es menor y el promedio será de 13% a partir del próximo año tras incluirse la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los inmuebles nuevos. Si bien este aumento afectaría a las viviendas de entre 2.500 y 3.000 UF, éste podría ser menor en caso de aquellos de mayor valor.

En este sentido un dato importante es que el precio del metro cuadrado en Iquique va desde las 12 a las 45 UF, según datos de la Cámara Chilena de Construcción, lo que implica que en departamentos de más de dos dormitorios, para una familia tipo, los precios se disparen.

Asimismo, la alternativa de los beneficios del Estado para adquirir una vivienda o un departamento son inaplicables en Iquique, debido a que solo llegan hasta las 2.200 UF, incluso con una actualización realizada ante los valores imperantes en la zona.

Todo lo anterior hace que las familias tengan como única esperanza cambiarse de ciudad o seguir pagando arriendo.

Es necesario que el Estado haga algo con los habitantes de Tarapacá, dando prioridad a proyectos de planes reguladores que permitan habilitar nuevos sectores habitacionales en Iquique, aportando a su urbanización con el fin que se puedan desarrollar en el breve plazo y con tarifas más económicas.

A su vez los anunciados proyectos inmobiliarios de Playa Blanca y Lobito podrían ayudar a que los habitantes de esta zona no sean despojados obligadamente de su tierra y puedan quedarse en una ciudad que eligieron, por las razones que hayan estimado, para vivir.

La economía es determinada en gran medida por las expectativas de las personas, sean estos trabajadores, empresarios o inversionistas. Es por ello que el nuevo Fondo de Infraestructura que se discutirá en el Congreso en 2016, ya ha capturado el interés de la industria de la construcción, especialmente de las empresas de obras civiles. Si bien es cierto, aún no existe siquiera un borrador de este proyecto ley, no es menos cierto que el solo anuncio de la medida puede tener claros efectos revitalizantes.

El anuncio evidencia la voluntad del gobierno de incentivar en forma seria la inversión en infraestructura en conjunto con el sector privado. Lo que no deja de ser relevante y trascedente al sustituir por una conversación la pauta unilateral que predominó en el primer tiempo de este mandato.

La generación de proyectos de infraestructura en el corto plazo tendrá efectos dinamizadores, pero sus principales efectos positivos se verán en el largo plazo. Hoy, que se comienza a hablar del tema, es importante señalar que para que esta iniciativa tenga éxito, debe constituirse el consejo que administre el fondo, con visión estratégica, procurando independencia y donde el estado y la sociedad civil mantengan una relación de equilibrio. Es vital que este organismo sea independiente de los gobiernos de turno, y que sea conformado por técnicos idóneos provenientes del estado y el sector privado.

Estos Fondos de infraestructura cuentan con ejemplos exitosos en España, Portugal y Europa del Este, donde se levantan capitales para la ejecución de proyectos. El caso de la propuesta chilena es distinto, el estado constituye un fondo sobre derechos existentes, esto es más bien nuevo, sin embargo el anuncio de su creación, que consulta aproximadamente USD $ 30.000 millones en proyectos, es motivo suficiente para ver el vaso medio lleno.