El proyecto de ley de fortalecimiento de la democracia, que instaura una nueva modalidad de financiamiento de las campañas electorales, de los partidos políticos, elimina los aportes reservados y limita el gasto electoral, dio su primer paso en el Congreso.

En medio del clima de desconfianza, que también ha afectado el prestigio de los parlamentarios, la aprobación del proyecto es un logro trascendental para superar el descrédito y aspirar a un sistema más transparente de elección de nuestros representantes.

La iniciativa, tal como se ha informado, termina con los aportes reservados y anónimos; en adelante prohíbe los aportes de empresas a campañas y de partidos políticos y al mismo tiempo limita los aportes que puede realizar una persona natural.

Resulta igualmente positivo que se limitara el gasto electoral a no más de 0.04 UF, multiplicado por el 60% del total de personas con derecho a sufragio inscritas en el padrón electoral que haya utilizado el Servicio Electoral para la última elección de diputados. Se espera, gracias a este mecanismo, que los candidatos realicen campañas más austeras y con fondos públicos que serán fiscalizados por el Servicio Electoral, posibilitando a este organismo a sancionar a aquellos candidatos que superen el gasto permitido, que reciben aportes irregulares o sean utilizados para fines distintos a la campaña.

Un avance en materia de transparencia lo constituirá el que cada ciudadano podrá conocer qué personas aportan a las campañas de los postulantes.

Por su parte, los partidos deberán pasar a sincerar la cantidad de militantes, al obligarlos a reinscribir a sus partidarios hasta un año después de promulgada la ley.

Uno de los aspectos que deberá perfeccionarse tiene que ver con lo que ocurrirá con los partidos políticos que hoy no cuentan con representatividad legislativa y, por tanto, no podrán recibir financiamiento estatal. Un grupo de parlamentarios se mostró en contra de esta situación, al quitarle transversalidad a la representación ciudadana y considerarlo un "traje a la medida" para la Nueva Mayoría y la Alianza, sin considerar a otras fuerzas políticas emergentes.

Accidente laboral es toda lesión que sufre una persona a causa de su trabajo y que le produzca lesiones de incapacidad o muerte. Su frecuencia es mayor en la actividad industrial y menor en el trabajo administrativo. Es una parte muy importante de la legislación laboral y está claramente determinada en la ley los grados de incapacidad o invalidez que puede acarrear y las indemnizaciones en dinero que corresponden. El trabajo preventivo es fundamental, a través de una continua educación con los Expertos en Prevención de Riesgos, la correspondiente Mutual de Seguridad, la fiscalización inquebrantable de la Dirección del Trabajo y Sernageomin y la acción permanente del comité paritario, órgano compuesto de representantes de trabajadores y empleadores. Esto ha traído la consecuencia de gran baja en los accidentes laborales.

A pesar de estas acciones preventivas y reglas, las Pymes se han visto enfrentadas a un nuevo flagelo: las indemnizaciones por el "daño moral", concepto con el que se indemniza a la víctima y/o familiares. Sus montos son fijados por el juez civil, considerando la gravedad del daño y la modificación de las condiciones de existencia del afectado con el daño producido, atendiendo su edad y condiciones físicas. Hoy, a pesar de no haber cambios legislativos al respecto, los montos van en aumento sin límites, se demandan cifras enormes, de cientos de millones. Esto es producto de la explotación de un nuevo nicho de mercado con el que lucran abogados codiciosos, por el cambio en la mentalidad de algunos jueces y, en ambos casos, por la falta de visión de las consecuencias sociales de sus actos. Las Pymes se encuentran muy indefensas y en una situación preocupante, ya que se destruye su capital de trabajo y arriesgan la quiebra y cierre de actividades. Urge una legislación que ponga reglas a este tipo de demandas y evite la pérdida de legítimas fuentes de trabajo.