Fue el tercer desalojo en ocho años. El último estaba anunciado desde febrero y ayer se hizo efectivo en la ruta A-16 con ruta 618 hacia la cárcel de Alto Hospicio.
Los terrenos, que eran explotados por la Asociación de Industriales de Tarapacá, Asinta, pertenecen al Estado, por lo que la Gobernación de Iquique ordenó echar abajo los cercos divisorios, levantados por sus propios locatarios.
El representante legal de Asinta, Juan Carlos Aguirre, se defendió, asegurando que, si bien originalmente es propietario de la explotación minera del terreno; a su juicio, eso le otorga también la posibilidad de establecer locales comerciales en la superficie del mismo espacio.
"No se puede lucrar con un terreno fiscal y no pagar o pagarle a un particular, lo que sería aún más grave", dijo el seremi de Bienes Nacionales, Juan Papic, quien llegó hasta el lugar, ya que los 75 locatarios aún pagan gastos comunes.
En el sector se hicieron presentes 45 efectivos de Carabineros, liderados por el mayor Mauricio Cadenas, así como también carros de Fuerzas Especiales, en caso de disturbios.
AFECTADOS
El área estaba dividida entre los 75 socios de Asinta, quienes tenían giros tan variados como talleres de desabolladuría, eléctrico, mecánico, de pintura, fábrica de bloques, centros de acopio para materiales reciclables e incluso algunos pensaban establecer locales de comida.
"Yo quería poner un restorán. Tengo hipotecada mi casa y mis hijos se van a quedar en la calle. Quiero que me expliquen cómo voy a pagarle al banco", reclamó Mercedes Flores.
"Iba a colocar un local de compra y venta de chatarra. Tengo un préstamo en el banco para construir. Solo el cierre me salió 7, 8 millones y recién se está terminando", expresó por su parte la locataria Francisca Quispe.
Aguirre se defendió de los emplazamientos: "Todos son accionistas de la propiedad minera. El documento dice, el que tiene la propiedad minera, tiene derecho a la superficie".
"Yo no me siento estafada porque cuando llegue a esta asociación sabía que eran pertenencias mineras, pero sí me siento frustrada porque iba a hacer un restorán internacional y quería darle comida a los clientes que venían con autos", dijo Otilia Barañados, tesorera de Asinta.
LICITACIÓN
El jefe de la Unidad Jurídica de la Seremi de Bienes Nacionales, Ricardo Maldonado, explicó que Aguirre no puede hacer usufructo del terreno.
"Ha presentado tres recursos de protección y los tres han sido rechazados por la Corte de Apelaciones y confirmados por la Corte Suprema. Él tiene un terreno fiscal e incluso no va a poder desarrollar la propiedad minera, porque está dentro del límite urbano", indicó.
Por su parte, Papic adelantó que en septiembre se abrirá una licitación para regularizar la situación y entregar la concesión del terreno. Eso sí, ya hay desconfianzas entre los locatarios, porque la postulación es abierta y ya perdieron la inversión. J
