Cada ciudad tiene sellos que la identifican como territorio. Es el caso de Antofagasta, capital minera en nuestro país que, con altos estándares de vida, ha logrado sobresalir como un centro neurálgico de negocios y oportunidades.

En el mismo curso se encuentra Tarapacá, que en los últimos años y gracias a la minería y el comercio, se ha transformado en una región pujante con proyectos muy interesantes de inversión con características propias, agregando así un valor que no se encuentra en otros lados: el clima y sus playas, la Zona Franca y la Expominera del Pacífico.

Esta última, frente a otras ferias, se ha ganado un espacio en el concierto nacional de exposiciones mineras, principalmente por su capacidad de generar instancias para sus participantes de generar lazos con la gran minería y sus proveedores. El valor es el acercamiento entre la oferta y la demanda, en un ambiente más estructurado como en nuestras ruedas de negocios o en un espacio más distendido como son las noches de negocios.

Nuestra expo no es sólo una feria para los grandes, sino que es una instancia para los esforzados proveedores, a fin de demostrar que también pueden entregar bienes y servicios a la gran minería.

La Expominera del Pacífico que se realizará del 28 al 31 de octubre en Iquique, tiene por objetivo el vincular directamente al pyme local con las compañías mineras poniendo a Iquique en el centro. Lo anterior genera más inversión y puestos de trabajo, sobre todo para una región tan golpeada. Interesante es el apoyo transversal que esta actividad convoca, ya que acá no hay colores, ni partidos, solo el desarrollo de nuestro Iquique.

Es la oportunidad para que la familia tarapaqueña conozca más de cerca los aportes de la minería.

Esta es una invitación abierta a la comunidad y una oportunidad inmejorable de levantar, entre todos a nuestra región.

Sin duda el financiamiento de las campañas políticas en Chile cada día da muestra de estar obsoleto. Los últimos meses se han dado a conocer diversos hechos que revelan las distintas formas en que los candidatos llegan a reunir los recursos necesarios para estos fines y que sin duda están sobre el límite de lo legal.

Pero más allá del marco que otorga la ley vigente, también se aprecian conductas alejadas de la moral, al menos de aquella que la sociedad exige para alguien que los representa políticamente.

La ley chilena vigente desde 2003 ofrece muy pocas alternativas de financiamiento. Por un lado la única vía de financiamiento público que tienen los partidos es mediante las campañas electorales, en las que reciben una suma de 0,03 UF por voto obtenido, lo que es insuficiente y que, en el caso que se realizara solo a través de este mecanismo, contribuiría aún más al fortalecimiento de los grandes conglomerados, en desmedro de las minorías.

También están los aportes privados, los cuales representan cerca de un 90% del gasto que los candidatos realizan en campañas y que si bien tienen límites, también pueden realizarse en forma pública si el financista lo quiere, pero solo si los aportes se hacen en tiempos que no sean de campaña.

En la propuesta que estudia el Gobierno sobre financiamiento de la política se pretende prohibir que las personas jurídicas, con o sin fines de lucro, realicen aportes a campañas o partidos políticos. Esto porque provocarían conflictos de interés en los candidatos que resulten elegidos y porque las personas jurídicas carecen del derecho a voto.

Sin embargo esta iniciativa fuera de cumplir o no con el objetivo de evitar los conflictos de interés, podría instar aún más al principal problema que se genera hoy, que son las boletas ideológicamente falsas.

Una alternativa, en vez de restringir aún más las formas para obtener recursos, es generar nuevas y mejores formas de financiamiento, pero transparentes, que permitan incluso vetar a quienes tengan conflictos de interés en determinados actos.

Sin duda el escenario actual exige cambios, ya que la ciudadanía espera que sus representantes no tengan compromisos.