La tasa de accidentabilidad en jóvenes ha presentado un crecimiento exponencial en el último año en Tarapacá, pese a que la región aún no llega a los niveles de otras zonas.

El último informe emanado por la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset) indica que a nivel local los accidentes de tránsito donde se vieron involucrados jóvenes, entre 15 y 29 años, crecieron un 30%.

El informe establece que durante el 2013 hubo 607 jóvenes que protagonizaron accidentes de tránsito, mientras que el 2014 fueron 787, es decir 180 casos más; mientras que a nivel nacional la estadística advierte un incremento de solo 2,7%.

Pese a todo lo anterior, Tarapacá sigue como una de las regiones con menor tasa de accidentes de tránsito con población juvenil, alcanzando el duodécimo puesto.

El aumento es preocupante, sobre todo si se considera que se trata de una cifra en crecimiento, lo que implica la necesidad de generar políticas que nos permitan atacar el problema.

Factores como la zona franca permiten que muchos jóvenes puedan adquirir vehículos usados a bajos precios, situación que debe ser considerada a la hora de analizar el tema. En ese sentido, es indispensable que se busquen herramientas para incentivar una conducción responsable en ese grupo etario.

En Chile el 50% de los accidentes son protagonizados por jóvenes, lo que da cuenta de lo preocupante de un crecimiento del 30%.

Según estudios de la misma Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, la baja percepción del riesgo en los jóvenes es uno de los principales factores que atentan contra la seguridad en la conducción.

Sería importante incluir dentro de las mallas curriculares de los establecimientos educacionales, talleres de conducción y de apego a las leyes del tránsito, toda vez que gran parte de los accidentes tiene su origen en el exceso de velocidad o la ingesta de bebidas alcohólicas, situaciones que se apartan de la legalidad.

Un vehículo guiado de forma irresponsable se puede transformar en una verdadera arma mortal.

Si bien es cierto que la delincuencia es al menos uno de los tres principales problemas de preocupación para la opinión pública, no es menos cierto que la percepción de aumento de la delincuencia no siempre tiene un correlato empírico.

El debate público en la materia, se ve fuertemente marcado por una visión más o menos generalizada del aumento del delito y de ineficacia de las medidas que el Estado impulsa para hacer frente a esta problemática. Los datos que se disponen señalan que la realidad es distinta a esta percepción. Así por ejemplo, la última encuesta de victimización ENUSC, aplicada en nuestro país, nos muestra que la victimización alcanzó el año 2014 al 25% de los hogares. Ese mismo indicador el año 2003 correspondía al 43% de los hogares. Sin embargo en el ámbito de la percepción de seguridad, se observan importantes alzas que implican un análisis en profundidad. Por ejemplo el 79,9 % de los entrevistados cree que la delincuencia aumento en nuestro país, en tanto el 43,8% de las personas cree que puede ser víctima de un delito. De este último grupo, 9 de cada 10 personas no han sido víctimas directamente.

Entonces, ¿Por qué las personas piensan que el delito es una realidad generalizada en nuestro país? La inseguridad tiene un contexto que no solo se correlaciona con el nivel de violencia en nuestra sociedad, sino que hay que entenderla en su naturaleza multicausal y sistémica. De otra forma, la percepción de inseguridad deriva de los niveles de victimización real, pero también de factores estructurales, institucionales y situacionales que determinan la intensidad con se presenta los imaginarios de la inseguridad.

La percepción de inseguridad de la población, representa uno de los principales desafíos para las autoridades dedicadas a enfrentar la criminalidad. De ahí, que las diversas iniciativas que se desarrollan en el ámbito del control y prevención de la delincuencia, requieran estrategias efectivas de comunicación hacia la ciudadanía, así como también el desarrollo de una verdadera labor pedagógica, que haga sentido a los ciudadanos y que los convoquen a asumir un rol activo en el ámbito de la corresponsabilidad ciudadana respecto de los índices de victimización observados en el último tiempo.