La sensación de mayor inseguridad que dicen vivir las personas en el país a raíz del incremento de la delincuencia, ha llevado a parlamentarios a solicitar la agilización de la agenda corta antidelincuencia que el gobierno patrocina y que se espera tenga una tramitación de urgencia en el Congreso.

El proyecto busca hacer efectiva la aplicación de las penas contempladas para los delitos de robo, hurto y receptación. Asimismo, incorpora el concepto de control preventivo de identidad y una indicación del Ejecutivo que aumenta las penas para quienes atenten contra Carabineros, efectivos de la PDI, y gendarmes. La iniciativa fue aprobada por la sala de la Cámara el 9 de septiembre y sigue su curso en el Senado. Durante esta etapa, un grupo de diputados de la Bancada Transversal de Seguridad Ciudadana ha solicitado a la ministra de Justicia, Javiera Blanco, incorporar tres figuras delictuales sobre las cuales no existe especificidad en la legislación y para los cuales los tribunales de justicia aplican distintos criterios para la consideración y aplicación de las penas. Se trata de los denominados "portonazos", las pedradas a vehículos para robar, conocidos también como "asaltos express", y los robos con intimidación en lugar habitado, donde se ejerce violencia contra las víctimas, como amarrarlas o amordazarlas.

La propuesta parece procedente, por cuanto los jueces en los tribunales requieren de las herramientas legales necesarias para sancionar estos hechos, si el legislador ha estimado como agravantes el grado de violencia utilizada para cometer los delitos de robo, y de esta manera sancionar con mayor dureza aquellos actos que vulneran la seguridad ciudadana.

Finalmente, el proyecto de agenda corta antidelincuencia considera mayores sanciones al delito de receptación, elimina las atenuantes para el delito de hurtos y robo, y crea un banco de datos con los antecedentes de imputados y condenados, con el objeto de que sirva como elemento de apoyo a la investigación.

Es debatible pensar que las leyes deberían ser siempre dinámicas, considerando que las realidades del delito son cambiantes y dependen del contexto social, económico y técnico en que se desarrollan.

Las instituciones de educación superior desde la Reforma Educacional de 1981 han participado tanto como universidades tradicionales públicas como privadas integrantes del Consejo de Rectores de Chile (Cruch).

Todas las universidades en su historia en primera instancia desarrollaron una gestión de cobertura de educación de acuerdo a la demanda de servicios de formación académica, para posteriormente avanzar en su gestión con calidad de los procesos educativos de las instituciones.

Desde hace 11 años, Chile inició un proceso experimental de acreditación de las Instituciones de Educación Superior, sin estándares explícitos transversales, sino que desde la percepción de pares evaluadores e informes de autoevaluación.

En este proceso histórico que han participado las universidades del Cruch, ha existido una distribución del ranking de los resultados de acreditación, en este sentido existen universidades que poseen distintos años de acreditación de entre 3 y 7 años, que se correlaciona con los aportes fiscales directos que reciben como transferencia del Gobierno.

La evidencia muestra que las universidades que hoy están acreditadas por 7 años, reciben en forma directa entre 29.000 y 39.000 millones anuales.

Las entidades que poseen una acreditación de 6 años sus aportes fiscales directos fluctúan entre 9.000 y 14.000 millones, las de 5 años su aporte es entre 1.800 a 13.000 millones, aproximadamente. Y las de cuatro años entre 1.600 y 4.000 millones, finalmente las acreditadas por tres años perciben entre 2.400 y 3.800 millones.

Otro factor adicional, es la relación de la diferencia de aranceles que cobran y los aranceles referenciales fijados por el Ministerio de Educación, existiendo instituciones con una brecha que en promedio superan el 20%, y otras que poseen 0% de brecha, acercándose a una política de educación pública.

En la reforma los aranceles serán fijados por promedio ponderado de los referenciales de las instituciones con igual años de acreditación, un gran desafío para las universidades que poseen un aporte fiscal reducido para aumentar significativamente su calidad, las que deben innovar los procesos educativos y una alta productividad académica que les permita alcanzar mayores recursos.