Mientras en la Corte de Apelaciones estaba Hugo Gutiérrez, a pocos metros, en el Juzgado de Garantía y Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, el consejero regional independiente Felipe Rojas, interponía a esa misma hora una denuncia contra el diputado.

La presentación se enmarca en los antecedentes que involucran al core en el caso Corpesca, donde el diputado es querellante, a través de la emisión de trece boletas entre 2009 y 2010 por asesorías comunicacionales no realizadas. Mientras Rojas acusa difamación, Gutiérrez asegura que todos los antecedentes son públicos.

"Aquí hay una infracción. En toda investigación establecida como secreta, no pueden revelarse las diligencias. Él acostumbra a querellarse, quedar como interviniente y tomar los antecedentes para usarlos parcialmente contra sus adversarios, entregando información conveniente para dejar una sombra de duda. He demostrado al Ministerio Público y al Servicio de Impuestos Internos que los servicios se prestaron", aseguró.

El diputado, a pasos del lugar, respondió y acusó ignorancia en sus dichos.

"Entiendo muy bien por qué le regalaron el título de abogado. Parece que nunca logró entender que tenemos un nuevo Sistema Procesal Penal con una gran virtud, todo es público. Si él quiere evitar que yo tenga un pronunciamiento sobre el proceso, inhibiéndome porque soy querellante en el mismo... me parece que le faltó estudiar", dijo.

Mediante una declaración pública, Hugo Gutiérrez expresó que "solo quienes se confiesan sinvergüenzas y corruptos pretenden intimidar con denuncias sin contenido". J

Distintos pasajes de la declaración que el senador UDI Jaime Orpis entregó al Ministerio Público en las cuatro ocasiones que declaró, los días 6, 7, 8 y 14 de octubre en el marco del caso Corpesca, confirman que solicitó dineros a la empresa pesquera para saldar las deudas que le dejó su campaña electoral.

"Quedé con una tremenda deuda y efectivamente por el monto me vi agobiado y recurrí a Fracisco Mujica (exgerente general de Corpesca) a pedirle ayuda en 2010", habría declarado el parlamentario. "Yo hice todo esto porque no tenía ni tengo un patrimonio capaz de enfrentar una campaña", aclaró el UDI.

"Si bien yo no quería ir a la reelección (como senador por Tarapacá) recibí presiones para presentarme, lo decidí a último momento y en 2009 pedí dinero para mí", reconoció el legislador gremialista. J

Respetar la consulta indígena fue el principal argumento entregado por el diputado comunista Hugo Gutiérrez para presentar un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Iquique contra la Comisión de Evaluación Ambiental, integrada por la intendenta Claudia Rojas y sus secretarios regionales ministeriales, quienes aprobaron la continuidad operacional de Cerro Colorado el pasado 29 de septiembre.

"Hay comunidades que están molestas por la continuidad de una minera que no ha cumplido con un requisito básico. No es posible que hayan sido invisibilizadas y no se les haya consultado. Aquí hay una burla del Estado chileno hacia sus pueblos originarios", manifestó Gutiérrez.

Pero las críticas no solo apuntaron a la empresa BHP Billiton, sino también a las autoridades que aprobaron la continuidad del proyecto hasta 2023.

"Sabiendo que no se habían respetado (las consultas), igual la Comisión de Evaluación Medioambiental aprobó la continuidad operativa de Cerro Colorado", agregó Gutiérrez.

REALIDADES

El abogado del diputado, Matías Ramírez detalló que no todas las comunidades se encuentran en la misma situación. "La Asociación de Mamiña Unida fue llamada a consulta pero solo presentaron observaciones. El proceso se cerró justificando que se había cumplido el convenio indígena enviando correos electrónicos, lo que nos parece poco serio", remarcó.

Distinto es lo que ocurre con Lirima, Macaya y los pueblos de la quebrada de Tarapacá. "En la quebrada de Tarapacá, la cuenca de Lagunillas está conectada a las cuencas de Coscaya y esta cuenca suministra agua a la quebrada completa. Se debía llamar a consulta indígena. En el caso de Lirima se reconocen de manera reiterada las afectaciones que tendrá la continuidad de Cerro Colorado. Aunque ellos solicitaron la consulta, no los incluyeron", explicó el abogado, apuntando al Servicio de Evaluación Ambiental. Eso sí, Ramírez aclaró que la responsable política es la jefa regional.

"Quien responde es la intendenta. Si el SEA justifica que realizó una consulta indígena mandando cuatro correos electrónicos, es irrisorio. Ante estos antecedentes, ella debió decir que fue poco serio, pero aún así lo aprobó", aseguró.

El abogado añadió que también solicitaron una orden de no innovar contra la resolución tomada por el Consejo de Evaluación Ambiental, con el fin de paralizar sus efectos.

CONSULTA

El director regional del SEA, Pedro Valenzuela explicó que la consulta solo se realiza a las comunidades que están dentro del área de influencia directa de acuerdo al Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

"Dentro del proceso se encontró que los impactos significativos se producían sobre Mamiña, Parca, Iquiuca y Quipisca. Cancosa hizo su solicitud expresa pero como no se pudo configurar el impacto, no se les incorporó en la consulta. En Macaya, al sur de Mamiña, tampoco se encontraron impactos significativos. Además, se hizo un proceso de participación ciudadana con Huara, Pozo Almonte y Pica, localidades bastante alejadas, en lo que llamamos el área de influencia indirecta del proyecto", aseveró.

La gerenta de Asuntos Corporativos de Cerro Colorado, Carolina Merino, expresó que durante el proceso de consulta indígena "logramos acuerdos tremendamente contundentes en las temáticas de interés comunitario, generando compromisos de participación, monitoreo ambiental y patrimonial compartido. Sin perjuicio de ello, realizamos además un proceso voluntario complementario con comunidades de nuestra área de influencia, mediante el cual abordamos contenidos e implicancias del EIA y otros temas de interés común, lo que sienta las bases de nuestro futuro plan de relaciones comunitarias", señaló. J