Diálogo, acuerdo y transparencia. Esta combinación virtuosa marcó esta semana y la convierten en una gran semana para la zona franca y, por lo mismo, por el aporte en recursos y generación de empleo, para las dos regiones y cada una de sus comunas; comienza una etapa que todos esperamos sea de gran estabilidad y seguridad en el tiempo, con una mirada de largo plazo, con excelentes resultados en los negocios de los usuarios del sistema franco y de oportunidades para los clientes, habitantes y turistas.

El lunes se firmó un acuerdo en el que tenemos puesta mucha esperanza para que perdure y permita que todos los actores del sistema puedan trabajar con tranquilidad y, sobretodo continuidad y permanencia.

Después de un arduo trabajo, que se prolongó por más de 3 meses, los negociadores de Zofri S.A., Ministerio de Economía, Sistema de Empresas Públicas (SEP) y de las asociaciones de usuarios alcanzaron un histórico acuerdo respecto de las tarifas que regirán el sistema por los próximos años. Se trata de un acuerdo que beneficia a todos quienes integramos esta comunidad de negocios y con el cual se confirma que siempre el camino del diálogo y los acuerdos es más productivo para todos. Así, queremos dejar atrás disputas y diferencias que nos alejaron de nuestro principal foco de preocupación y concentrarnos en retomar nuestro liderazgo como plataforma de negocios. Asimismo, el jueves, Zofri S.A. obtuvo el primer lugar en el ranking de Transparencia Corporativa, elaborado por la consultora Inteligencia de Negocios (IdN) junto con la Universidad del Desarrollo, KPMG y Chile Transparente. Cabe citar que el año pasado Zofri S.A. se ubicaba en el tercer lugar, por tanto es un logro de todos quienes trabajan en la empresa pero que beneficia a toda la comunidad de negocios que administra. Un reconocimiento de prácticas de políticas transparentes nos debe enorgullecer y motivar a todos para continuar. Hago extensivo este reconocimiento a nuestros trabajadores, empresarios y clientes, quienes diariamente buscan entregar una mejor atención y seguir engrandeciendo a la Zona Franca de Iquique.

Lograr éxitos en el diálogo, alcanzar compromisos y que se reconozca la transparencia, es una meta que debe guiar nuestro futuro.

El paro del Registro Civil pone en discusión dos temas que no han sido abordados con la necesaria seriedad por el Estado.

Por un lado existe una ilegalidad en las movilizaciones de los servidores públicos, lo que ha significado que las organizaciones de funcionarios del Estado tengan cada vez más poder de negociación basada en la utilización de los usuarios como medida de presión.

Por otro lado está un deficiente sistema de contratos para el sistema público, donde han proliferado las contrataciones con boletas de honorarios y a contrata. Según cálculos de la Anef, habría 64.481 funcionarios a contrata (sin contar los del Poder Legislativo, Judicial y la Salud), ocho mil a honorarios y 99 mil de planta. Por otro lado no existe un pago estandarizado para los funcionarios de todos los servicios.

Todo lo anterior generó que entre 1990 y 2014, los empleados públicos -que gozan de inamovilidad- perdieran el triple de días por paros que los trabajadores del sector privado.

Más de un mes ha pasado desde el inicio de la movilización en el Registro Civil y muchas familias han tenido inconvenientes a causa de la paralización. Pese a esta situación el gobierno no ha sucumbido ante las presiones y pareciera existir escasa voluntad a la hora de negociar.

Si la idea es dar una señal ante el inminente conflicto por el reajuste anual de los funcionarios públicos, la forma en que se ha manejado la paralización es un arma de doble filo y bien podría generar un problema mayor, como el paro de apoyo que realizó la Anef, que si bien no tuvo la convocatoria esperada, en otro contexto sería diferente.

Es momento que el Estado apunte a que las exigencias impuestas al mundo privado se cumplan también en el ámbito público, como las negociaciones colectivas y el deber de hacer un máximo dos contratos a plazo fijo y otras que se vienen con la Reforma Laboral.

Por el momento, solo cabe esperar que el conflicto del Registro Civil concluya y que el gobierno piense en los miles de chilenos que con sus impuestos esperan que los servicios del Estado funcionen de acuerdo a la legalidad.