Si bien es una palabra más usada en discursos que en la vida cotidiana, la multiculturalidad cobra cada vez más relevancia en una sociedad globalizada como la actual.

En este sentido Tarapacá es una región donde la diversidad es una de sus principales características. Aquí conviven empresarios de distintas latitudes que llegaron por la Zona Franca o familias que arribaron desde distintos países de Sudamérica en busca de trabajo en la minería.

Pero también hay una migración menos conocida que es la que hacen las comunidades originarias como los pueblos aymaras y quechuas, así como las comunidades Mapuches que también se abren espacio en la zona.

Por esta razón y entre otras, se hace necesario contar con planes educacionales que integren a las diversas comunidades.

Hoy solo 37 establecimientos de la región imparten educación multicultural, sin embargo la mayoría de estas escuelas solo entregan un conocimiento básico.

Existe una propuesta de la Academia Nacional de la Legua Aymara (ANLA), de enseñar esta lengua en todos los niveles escolares. La medida debe ir más allá e incorporar a las distintas comunidades, no solo con la enseñanza de la lengua, sino con todo lo relacionado a la cosmovisión de cada uno de estos pueblos.

Acciones como estas además de ayudar a que las nuevas generaciones se relacionen mejor con las culturas ancestrales, contribuirá a evitar conductas de intolerancia o discriminación que hasta hace algunos años eran vistas con normalidad.

Es necesario que la Reforma Educacional incorpore poco a poco estos aspectos que ayudan a un país menos descentralizado. Experiencias hay muchas, donde por ejemplo está la generación de competencias pedagógicas con miembros de las mismas comunidades.

Gran parte de las nuevas generaciones con raíces en los pueblos originarios se occidentalizaron por completo, sin embargo aún hay quienes se esfuerzan por evitar que estas culturas se pierdan o queden reducidas a los libros de historia.

Toda nueva construcción genera una irrupción en el barrio en el cuál se emplaza, y evidentemente causa externalidades cuyo impacto debe ser mitigado, como el impacto sobre la vialidad y el mejoramiento urbano.

Por esto, en el año 2012 se ingresó un proyecto de ley conocido como "Ley de Aportes al Espacio Público" el que tenía por objeto legislar cuánto y cómo deben los desarrolladores inmobiliarios mitigar estos efectos, principalmente determinados por la realización de los denominados EISTU (Estudios de Impacto Sobre el Transporte Urbano), los que comprometen al desarrollador a pagar y ejecutar obras de mitigación de los efectos de su proyecto, antes de obtener la Recepción Municipal.

En mayo de 2015, el ejecutivo ingresó una indicación sustitutiva al proyecto de ley, reemplazándolo en su totalidad, la que desvirtúa su propósito original que buscaba que cada proyecto inmobiliario mitigara los efectos directamente causados en su entorno. Por una parte se sustituyen los EISTU por Informes de Mitigación de Impacto Vial (IMIV); y por otra, se propone lo que se llaman "mitigaciones indirectas" y que no es otra cosa que un aporte según se dice para la cohesión social y sustentabilidad urbana de hasta el 44% del avalúo fiscal del terreno del proyecto.

Lo anterior se traduce en un nuevo impuesto a la actividad inmobiliaria, ya que los dineros recaudados no necesariamente se invertirán en mitigar los efectos de la obra, sino que la autoridad puede redistribuirlos dentro de la misma ciudad en forma arbitraria, perdiéndose el objetivo principal de mitigación de externalidades directas al eliminar la vinculación entre la obra y sus eventuales aportes al espacio urbano. Así las cosas, cabe recordar que una de las obras de mitigación vial que consulta el edificio Costanera Center, es la compra de buses para el Transantiago.

Como si el IVA a la vivienda que viene el 2016 fuera poco regresivo, hoy la vivienda al parecer seguirá encareciéndose vía impuestos más que por costos.