Por considerarlo "una fórmula discriminadora del Gobierno", ayer parlamentarios de la oposición presentaron ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso contra la glosa del presupuesto 2016 que entrega gratuidad a un grupo de estudiantes de la educación superior.

Según explicaron los diputados José Manuel Edwards (RN) y Jaime Bellolio (UDI), los recursos debieran estar en una ley permanente y no en una glosa. Además, dicen que la normativa discrimina a estudiantes vulnerables.

"Tan absurdo es que hay nueve regiones que quedan sin beneficios de Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales, hay estudiantes que son más vulnerables todavía que podrían estar dentro de esta fórmula", explicó ayer Bellolio.

En conversación con radio Cooperativa, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, aseguró que si bien no quiere juzgar intenciones, el recurso responde a una medida "antidemocrática", puesto que el requerimiento fue aprobado por ambas cámaras y lo que intentan hacer es "buscar ganar por secretaría lo que se perdió en un ejercicio democrático".

La secretaria de Estado explicó que el Parlamento aprobó el comienzo de la gratuidad en la educación superior para 200 mil familias pertenecientes hasta el quinto decil, es decir, el 50% de la población con menos recursos.

La oposición acusa la fórmula para decidir quiénes obtendrán esa gratuidad, aludiendo que un gran porcentaje de alumnos que estudian en Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica no pueden obtener el beneficio. Sin embargo, Delpiano explicó que se presentará una ley rápida para que las instituciones se instalen como sin fines de lucro y puedan optar a ella.

Además prometió que los alumnos que ingresen en 2016, antes de matricularse, sabrán si califican para optar a la gratuidad a través de la página del Mineduc, que evaluará la situación socioeconómica. Agregó que todo esto pasará "siempre y cuando no prospere la acción de oposición".

Según la presidenta de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Camila Vallejo, el requerimiento de la oposición obedece a que "les atemoriza cada vez que el Estado pone condiciones y requisitos a las instituciones para percibir recursos públicos". J

El Gobierno boliviano criticó la designación de José Miguel Insulza como agente chileno ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la demanda marítima altiplánica, en reemplazo de Felipe Bulnes.

El vicepresidente Álvaro García Linera dijo que el exministro debía aclarar "sus contradicciones", pues como secretario general de la OEA ofreció acompañar el diálogo entre los países.

Desde Irán, el Presidente Evo Morales añadió que Chile "está solo" y su diplomacia "desgastada".

Bulnes renunció afectado por críticas ante la nueva etapa de la demanda, que debe centrarse en la presunta obligación de negociar una salida soberana.

El canciller Heraldo Muñoz dijo ayer que esta fase será "política, histórica y comunicacional". J

Uno de 10 robos termina con condenados. Para enfrentar la impunidad, que incide en la sensación de inseguridad por la que está atravezando el país, la Presidenta Michelle Bachelet le entregó ayer a las policías un manual de primeras diligencias para actuar ante estos hechos.

"Este manual es mucho más que un simple documento. Es una herramienta efectiva para responder a una de las principales preocupaciones de nuestros ciudadanos: la seguridad, tanto la integridad física de las personas como el riesgo de perder bienes", dijo la Mandataria durante la ceremonia realizada en La Moneda. El documento fue creado junto a la fiscalía y estará en la web, para que las víctimas de estos delitos exijan su cumplimiento. J