Funcionamiento de la Ley del Lobby
El 5 de octubre, la ley número 20.730, conocida como ley del lobby, inició la última de sus etapas para la aplicación completa de la normativa. Además de regular la actividad, crea un registro de agenda pública que debe ser llenado por las autoridades para que toda gestión que pueda ser considerada un lobby, sea transparentada y conocida por la comunidad en el sitio www.infolobby.cl.
La iniciativa viene a regular el lobby y las gestiones de intereses particulares ante autoridades y funcionarios del Gobierno central, municipalidades, Congreso Nacional y órganos autónomos, estableciendo cómo deben registrar y transparentar sus actos.
Se considera lobby "toda gestión o actividades pagadas que hacen personas o entidades, chilenas o extranjeras, para promover, defender o representar cualquier interés particular o para influir en las decisiones que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar algunas autoridades y funcionarios". Se ha considerado que esta actividad pueda realizarse de una manera clara y pública, para evitar que autoridades puedan ser objeto de presiones indebidas para apoyar un proyecto o iniciativa.
Desde su promulgación, en marzo de 2014, se inició su aplicación de manera gradual hasta llegar ahora a que alcaldes, concejales y consejeros regionales publiquen un registro público de sus agendas públicas, audiencias y reuniones. Este último grupo de autoridades (a excepción de los alcaldes) ha sido la que ha cumplido de manera más lenta con la ley, debido a que consideran engorroso que los vecinos deban llenar formularios para poder acceder a plantearles sus consultas. Según concejales de todo el país, esto ha desmotivado que las personas lleguen a plantear sus inquietudes y busquen hacerlo en actividades públicas en sus sedes. De hecho, no son regulados por la ley del lobby los planteamientos o las peticiones realizadas en reuniones públicas y aquellos que tengan relación con el trabajo en terreno.
Del estricto cumplimiento de esta nueva ley es que la comunidad tendrá la oportunidad de fiscalizar a sus autoridades en el correcto ejercicio de las funciones para las cuales fueron electas.