La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) aseguró ayer que, según sus datos, habría conseguido 112 diputados en la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, con lo que alcanza los dos tercios de la Cámara, y que hasta el cierre de esta edición quedaban por contabilizar cuatro escaños.

"Esta ventaja de 112 a 51 (que obtuvo el gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV) se logra con una ventaja nacional de algo más de dos millones de votos", dijo en conferencia de prensa el miembro del comité ejecutivo de la jefatura de la de la campaña de la MUD, Enrique Márquez.

De alcanzar esa cifra, la oposición lograría una mayoría calificada para aprobar leyes habilitantes y leyes orgánicas que organizan el resto de los poderes y sirven de marco a otras leyes; designar o remover a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, a los rectores del Consejo Nacional Electoral, la fiscal general, el contralor general y el defensor del pueblo; convocar a una Asamblea Constituyente y aprobar una reforma constitucional, entre otros temas.

Tanto Márquez como el secretario ejecutivo de la alianza opositora, Jesús Torrealba, calificaron como "mezquino" el retraso del Consejo Nacional Electoral (CNE) en anunciar los resultados que dan a la MUD "la mayoría calificada".

Según la autoridad electoral, hasta ayer quedaban por adjudicar 22 escaños cuyos resultados con ese porcentaje de escrutinio no mostraban todavía una tendencia "irreversible", algo obligatorio por normativa electoral en Venezuela para poder anunciarlos.

La MUD anunció que en Caracas ganó en todos los circuitos electorales y sus candidatos derrotaron a los oficialistas Freddy Bernal, Ernesto Villegas y Jacqueline Faria.

La oposición ya comenzó a delinear los objetivos que pretende alcanzar con la mayoría que logró en la Asamblea Nacional. En ese sentido, dieron a conocer que el referéndum revocatorio contra el Presidente Nicolás Maduro es otra de sus aspiraciones.

"Hay que esperar a que se cumplan los plazos recogidos en la Constitución", dijo a DPA el vocero de la MUD en Madrid, Luis Manresa. J

La Presidenta brasileña, Dilma Rousseff, exigió ayer que el proceso que definirá si será sometida a un juicio -que podría terminar en su destitución- concluya "lo más rápido posible", pues el país "no puede quedar esperando" por una decisión. En una conferencia de prensa, Rousseff abogó porque el Congreso suspenda el receso que tiene previsto entre los próximos 22 de diciembre y 2 de febrero, de modo que avance el complejo proceso para determinar si debe responder a un juicio político.

"Creo que no debería haber receso, pues vivimos un momento en que no tenemos el derecho de parar al país hasta el 2 de febrero", dijo la Mandataria según consignó EFE.

Rousseff consideró "justo y legítimo" que las cámaras legislativas descansen durante las fiestas de fin de año. Sin embargo, apuntó que "el Congreso puede volver a funcionar a inicios de enero, retomar su actividad y juzgar todas las cosas que están pendientes".

Insistió en que las maniobras fiscales que el Gobierno realizó para maquillar sus resultados del año pasado, que según los órganos de contraloría del Estado fueron "irregulares" y continuaron en 2015, no bastan para iniciar un proceso de destitución.

De todos modos, subrayó que esas cuentas deben ser sometidas a un análisis y ser aprobadas o rechazadas por la Cámara de Diputados y el Senado. Dijo que, Brasil "tiene una democracia pujante, con unas instituciones sólidas" que deben actuar dentro del estado de derecho. J