Con máquinas retroexcavadoras y camiones custodiados por efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros, la Seremi de Bienes Nacionales inició el proceso de desalojo y demolición de los sitios ocupados en Altos de Playa Blanca, donde se proyecta la construcción de viviendas.
Según indicó el seremi de Bienes Nacionales, Juan Papic, se trata de ocho ocupaciones irregulares, es decir aquellas personas que sin tener ningún título (de dominio) ocupan un inmueble fiscal, las cuales esperan desalojar de aquí al viernes.
Una de las familias afectadas por esta medida es la de Eduardo Astudillo, quien hace 18 años ocupa 30 mil metros cuadrados a través de una concesión de arriendo donde levantó dos grandes terrazas para desarrollar un emprendimiento de reciclaje. "Muchas veces traté de regularizar los terrenos, pero Bienes Nacionales lo impidió... Nos quitan esto para entregárselo en bandeja a privados", consideró.
Junto a su esposa Luz Eliana Díaz y sus hijos afirman que no abandonarán el lugar. "La única forma que nos saquen de aquí es en un cajón, porque no tenemos dónde ir, acá tengo una inversión de $450 millones, hay una familia que van a dejar en la calle porque todo lo que tengo lo he invertido aquí", aseveró.
Su esposa solicitó que ojalá les den un plazo adicional para poder desarmar sus instalaciones.
Un kilómetro más al sur, Antoñita Araya exhibía cómo las máquinas habían destruido su cierre perimetral. "Esto es una propiedad minera, antes trabajaba con conchilla y Bienes Nacionales botó a los mineros, reclamé y me la tuvieron que devolver... así que yo no soy alguien que se tomó este terreno, hay papeles que lo avalan", relató la microempresaria minera, quien agregó que desde el 2013 gestiona una inscripción de servidumbre.
"Bienes Nacionales dice que es una toma ilegal porque construimos en una concesión minera, pero todo lo que construimos es de material ligero", reclamó.
El seremi Juan Papic enfatizó que Bienes Nacionales comenzó esta restitución de terrenos fiscales, "porque allí está proyectado, en esas 120 hectáreas, un proyecto de crecimiento urbano de la ciudad".
En relación al caso de estas ocho familias, el seremi rebatió: "si hay una concesión minera es precisamente para eso y no para usarlo como habitación".
Además fue enfático en señalar que "ninguna de estas personas tiene ningún derecho en el lugar".
Con respecto al cuestionamiento de los vecinos, que afirman que por varios años intentaron tramitar los títulos de dominio sobre estos terrenos, Papic, explicó que todos los derechos que se tramitan respecto a la administración de los terrenos fiscales tienen un procedimiento que concluye con un acto administrativo que otorga un arrendamiento, una venta o una concesión, "pero si en el lapso de procedimiento el solicitante no lo culmina, solo queda en eso en una expectativa de generar un derecho", concluyó.
Por último con respecto a si parte de los terrenos serán vendidos a inmobiliarias, enfatizó que serán transferidos a Serviu para poder construir cerca de 2.500 viviendas. J
