La fundamentación: un derecho ciudadano
Las exigencias del Estado de Derecho han hecho necesario precisar de qué manera el juez debe motivar su sentencia, estableciéndose, por ejemplo, que el fallo contendrá "El análisis de toda la prueba rendida, los hechos que estime probados y el razonamiento que conduce a esta estimación".
Sin embargo, la necesidad de que la sentencia y, en general, las resoluciones del juez sean motivadas, no es nueva. En el diario "El Araucano" de 1834, don Andrés Bello escribía: "En un país donde el ejecutivo no puede decretar, sino con arreglo a una lei, i citándola, la inversión de la más pequeña suma de los dineros públicos, ¿tendrá un tribunal la facultad de adjudicar una propiedad litijiosa, que puede valer centenares de miles de pesos, sin decir con arreglo a qué lei o qué principio de derecho hace la adjudicación, ni por qué el uno de los títulos alegados debe prevalecer sobre el otro?" Poco después, en 1836, se publica la ley sobre "Fundamentación de las Sentencias", que señalaba: "Atendido que la obligación que se impone a los jueces de fundamentar las sentencias, es una de las principales garantías de la rectitud de los juicios, i una institución recomendada por la experiencia de las naciones mas cultas (…) he venido a decretar…".
Como es evidente, no es nueva la obligación de fundamentar, por más que sólo las reformas legislativas de las últimas décadas le hayan prestado mayor atención, porque lo que subyace a tal obligación, es que, más que un deber del juez, se trata de un derecho del ciudadano. Las partes en un juicio, y la sociedad toda, tienen derecho a saber por qué el juez decide de un modo u otro, y qué lo ha llevado a acoger o desestimar la prueba rendida. Sólo entendido como un derecho, desaparecerán definitivamente expresiones del tipo "que la prueba de testigos se desestimará, por no convencer a este sentenciador", que ni la más severa de las leyes ha podido erradicar.
Errar es humano - y por cierto, todo juez lo es - pero es un derecho ciudadano saber en qué y por qué se erró.
No es nueva la obligación de fundamentar, por más que solo las reformas legislativas de las últimas décadas le hayan prestado mayor atención".