El próximo viernes 8 de enero se tomará una nueva versión del Examen Habilitante en Defensa Penal Pública, cuya aprobación permitiría a los abogados participar en las licitaciones de esa especialidad, anunció la Defensoría Regional de Tarapacá. En la zona, tal prueba se realizará en las oficinas ubicadas en el segundo piso del Edificio Costanera, comenzando a las 14 horas la versión para defensa general y a las 16 horas, la de defensa penitenciaria.

La participación en ese trámite es vital para los juristas que planifiquen formar parte de los equipos de defensa penal pública licitada, puesto que la habilitación es un requisito ineludible para ese propósito. Además, los mejores puntajes obtenidos se consideran para las oferta técnicas exigidas en tales procesos.

El examen para defensores locales contempla una revisión de conocimientos en Derecho Penal, como los límites punitivos que el Estado tiene respecto de las personas, establecidos en los principios de legalidad y de irretroactividad de la ley penal, y los principios de proporcionalidad de la pena y de culpabilidad.

También se evaluarán los conocimientos en teoría del delito, teoría de la pena, una parte especial de delitos y sobre el proceso penal oral.

En el caso de los defensores penitenciarios se evaluarán los conocimientos en los siguientes cuerpos legales: Constitución Política del Estado, Código Procesal Penal, Código Penal, Ley de Drogas, Ley de Tránsito y Ley de la Defensoría Penal Pública.

El abogado asesor del diputado Hugo Gutiérrez (PC), Enzo Morales, formalizó en Contraloría Regional una denuncia contra la secretaria regional ministerial de Desarrollo Social, Mariela Basualto (DC), acusando que las actividades institucionales que realiza la Seremi estarían siendo financiadas por una empresa minera. La autoridad eludió referirse directamente a la denuncia ya que, expresó, no ha sido notificada, acusando una persecución sistemática de Morales.

"Tuvimos conocimiento que la seremi de Desarrollo Social, Mariela Basualto financia actividades institucionales con presencia de la intendenta, el ministro y las subsecretarías, con dineros de Minera Copiapó, una filial de Cosayach en la región de Tarapacá. Lo más preocupante es que Basualto, financiando ilegalmente la política para difundir su imagen personal, ha cometido actos graves de corrupción que contravienen la probidad", expresó el abogado, indicando que el servicio debiera contar con fondos públicos propios para llevar a cabo sus actos.

Según el documento presentado al órgano contralor, los pagos habrían sido realizados por el director ejecutivo de Cosayach y representante de la sociedad contractual Minera Copiapó, Ramón Méndez, quien, indica el texto, visitaba las oficinas de la seremi y entregaba "personalmente cheques o dinero en efectivo para financiar y pagar los 'coffee break', desayunos y cócteles de las actividades institucionales organizados por la Seremi, tanto en las dependencias del servicio (Intendencia) como en actividades oficiales realizadas fuera de las oficinas, tales como, en juntas de vecinos y clubes de adulto mayor de la región de Tarapacá".

"Hoy la pregunta es si la intendenta, el ministro de Desarrollo Social (Marcos Barraza, también PC) y las subsecretarías, sabían que estas actividades institucionales eran financiadas por las mineras", dijo Morales, aludiendo a que los eventos sociales de la seremi apuntarían a promover su imagen en el marco de una presunta precampaña a diputada. El requerimiento pide también investigar el posible aporte que pudo haber hecho la minera a servicios dependientes de Desarrollo Social como Fosis, Conadi, Injuv, Senama y Senadis.

"sistemática"

La seremi de Desarrollo Social, Mariela Basualto comunicó, vía declaración pública, que en cuanto al "requerimiento de carácter administrativo" presentado por Morales "no tenemos antecedentes a la vista sobre el tenor de éste, por lo cual quedaremos atentos a cualquier solicitud de información que la Contraloría Regional haga en el marco de sus facultades", para lo cual dispondrán "toda la colaboración que amerite el caso".

"Esta autoridad ha sido víctima de una persecución sistemática por parte del abogado Enzo Morales, que aparentemente pretende enlodar el trabajo que hemos realizado en pro de las familias más vulnerables de la región, argumentando en diversos medios de comunicación, una supuesta intención de esta autoridad de presentarse como candidata a las próximas elecciones parlamentarias", expresó.

"Hacemos un llamado a la sensatez y prudencia política, y sobre todo al énfasis en el cuidado de la emisión de afirmaciones descalificatorias e incluso injuriosas, que no hacen más que distraer la atención de los problemas reales de los ciudadanos, a los cuales, por mandato de la Presidenta Michelle Bachelet, y por vocación propia, nos encontramos abocados a dar solución", concluyó Mariela Basualto.