Personal de la Policía de Investigaciones logró incautas más de 1.000 prendas de vestir en ferias ubicadas en el sector oriente de Iquique, próximas a la población Las Quintas.

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos en Recintos Portuarios (Briderpo) Iquique realizaba una investigación en conjunto con el Ministerio Público. Es por ello que concurrieron hasta las ferias que se ubican en avenida Progreso con Margarita Naranjo, donde pudieron establecer que en distintos locales comerciales se realizaba la venta de ropa falsificada, especies que en su mayoría tendrían como lugar de procedencia Perú y no mantenían sus debidas especificaciones que mantienen los productos originales.

Otro de los problemas de esta mercadería es que no paga impuestos y en muchos casos las personas son engañadas, haciéndoles creer que se trata de ropa original.

Los efectivos policiales intervinieron 15 locales comerciales, donde se incautaron 1.280 prendas de vestir, de tipo deportiva, entre los que cuentan bolsos, calzas, poleras y pantalones, todas falsificadas de las marcas Adidas, lo que quedaron almacenados en calidad de depositario provisional por parte del representante de la marca afectada mientras dure el proceso judicial.

Los comerciantes, por su parte, conforme la instrucción del fiscal a cargo de la investigación, quedaron apercibidos del artículo 26 del Código Procesal Penal a espera de la citación por parte del Ministerio Público.

Al respecto, la jefa de la Briderpo Iquique, comisario Paula Psijas, manifestó: "Con este procedimiento, desarrollado en conjunto con la Fiscalía Local de Iquique, se logró sacar de circulación una cantidad importante de vestuario que infringía la Ley de Propiedad Industrial. Acá es importante señalarle a la comunidad, que estas especies no cuentan con la calidad de un producto original y muchas veces son comercializadas como productos originales, engañando con ello a las personas".

Crónica

En un fallo que se entregó martes 19 de enero, la Corte de Apelaciones de Iquique condenó al Servicio de Salud y al Hospital Regional Ernesto Torres Galdames a pagar una indemnización a la familia de Juan Sarabia Soria, por perjuicios por falta de servicio.

El paciente falleció el 8 de octubre de 2008 en el Hospital Regional por una insuficiencia respiratoria severa, tras haber sido notificado tardíamente de que era portador de VIH.

La sala del tribunal de alzada, en fallo unánime, rechazó el recurso presentado por el Servicio de Salud y el Hospital Regional, porque se consideró que "cumple a cabalidad los requerimientos establecidos por el legislador para atribuirles responsabilidad en los hechos que culminaron con la muerte de Juan Francisco Sarabia Soria, y al consecuencial daño moral producido a los demandantes, dado que de su actuar resulta ser efectivo el hecho que se vincula directamente con su fallecimiento, resultando por lo mismo, responsables de la indemnización de perjuicios determinada en el fallo impugnado".

Con este fallo, ambas instituciones tendrán que pagar las suma de 260 millones de pesos a la madre de la víctima y las dos hijas de Sarabia, quien era casado con Deammy Aguilar Campusano, una de las 25 personas involucradas en el caso de los pacientes que no fueron notificados en su minutos de ser portadores del virus del Sida el año 2004, quien, como lo confirmó el abogado de la familia, falleció el 10 de julio de 2008 por una insuficiencia respiratoria tres meses antes que su marido.

El abogado Mauricio Carrasco Cartes explicó que este proceso no está terminado, pero que fue una gran decisión por parte de la Corte de Apelaciones.

El jurista explicó además que la familia de la víctima está contenta con el fallo y esperan que esto termine en el corto plazo.

"Nos fue bien, la Corte de Apelaciones confirmó condenando al Servicio de Salud. Fue un resultado contundente. Ayer hablé con la familia cuando leí el fallo quedando fuera el fisco de Chile por que no puede ser demandado por no tener participación activa en el hecho. Los familiares están tranquilos", explicó Carrasco.

El Servicio de Salud no se refirió al fallo, ya que su representación la realiza el Consejo de Defensa del Estado, ente que no ha sido notificado de la resolución.

260 millones de pesos será la indemnización que debe pagar el Servicio de Salud Iquique.

3 serán los beneficiarios de la indemnización, la madre de la víctima y sus dos hijas.